La Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) realizó un análisis en el agua del río Jáchal, ubicado en San Juan, el cual confirmó un nuevo derrame por parte de la empresa minera canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold.
Les vecines del pueblo cercano a la mina de oro Veladero, quienes accedieron a los análisis, denunciaron la preocupante situación por los altos niveles de mercurio, aluminio y manganeso. La concentración del derrame es aún mayor que lo sucedido en 2015.
Los tres metales concentrados en el río están muy por arriba de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Código Alimentario Argentino (CAA) para el consumo humano. La Asamblea “Jáchal No Se Toca” sostuvo que con la cantidad de derrames que ha tenido, la empresa canadiense debería haber cerrado. Como contracara de lo denunciado por la asamblea ambiental, tanto los funcionarios como la minera niegan todo.
Las preocupaciones de les habitantes de San Juan
Carlos Ibarbe, integrante de la propia asamblea sanjuanina, dialogó con la Radio Escuela Comunitaria La Namunkurá, con el objetivo de dar su postura y opinión de lo que sucede. “Lamentablemente teníamos la sospecha nosotros de que habían derrames pero hasta que no nos entregaron los análisis no lo podíamos confirmar”, sostuvo sobre lo que les vecines del pueblo Jáchal sentían que pasaba con su río.
Además, el integrante de “Jáchal No Se Toca” añadió: “La empresa directamente lo niega, los funcionarios lo niegan porque hay un hermetismo total en lo que es Seguridad y Gobierno, hay una complicidad con las empresas mineras que no nos dan a conocer”. A causa de las consecuencias, agregó que “con la cantidad de derrames que ha tenido esa empresa tendría que haber cerrado de acuerdo a las leyes y a los artículos en vigencia”.
Por último, resaltó: “Estamos muy preocupados porque la agricultura y la ganadería están en vilo con esa cantidad de metales que trae el agua, así que estamos haciendo gestiones para ver qué se puede hacer. Es lamentable lo que está pasando”.
Según los límites estipulados por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, la concentración de cobre; cromo; níquel; plomo; zinc; arsénico y mercurio encontrados están por encima de las medidas para la vida acuática y el agua dulce superficial.
No es la primera vez
Los resultados del estudio son de febrero del corriente año en el río Blanco y representan más concentración que el derrame más grande del país en 2015.
El yacimiento Veladero no sufrió su primer derrame, sino que es su cuarta ocasión; la primera fue hace siete años atrás. En septiembre de 2016 tuvo otra y en marzo del 2017 fue la última. En menos de una década la mina se volvió insostenible.
Frente a la situación actual y lo que marca la historia de los otros derrames, la mina Veladero ya debió haberse cerrado según cita la Asamblea en el Código de Minería: “En caso de tres infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento”. Como forma de explotar el lugar, la empresa Barrick Gold confirmó en 2020 una “extensión de, al menos 10 años, para la vida de la mina”.
La peor catástrofe ambiental de la historia argentina
Durante los días 12 y 13 de septiembre del 2015 ocurrió la peor catástrofe ambiental a causa de derrames en la mina Veladero de San Juan, la cual manejaba la misma empresa canadiense Barrick Gold.
En aquel entonces, la contaminación alcanzó cinco ríos con cianuro y mercurio entre varios metales pesados por la ruptura de una de las válvulas de ventilación en el circuito pila de lixiviación. Se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada hacia el río Potrerillos.
En 2020 debió realizarse el inicio del juicio oral a cinco ex funcionarios nacionales, entre los que están tres ex secretarios de Medio Ambiente, pero la pandemia de COVID-19 suspendió todo. Hasta ahora no ha vuelto a tener fecha.
Desde entonces, y hasta la actualidad, han existido varios enfrentamientos judiciales entre la Asamblea “Jáchal no se toca” y aquellos que defendían la minería en San Juan con solicitudes; reuniones; denuncias; incumplimientos y más juicios.
Incluso, durante el 2020, la propia Asamblea presentó una carta al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, con el objetivo de que haga cumplir la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial. La misma sufrió la intención de ser vetada por parte de Barrick Gold al acudir a la justicia.
Por otro lado, el entonces juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por delito de contaminación de agua de manera culposa por actuar con “negligencia” y transgredir así la Ley Nacional 24.051.
A pesar de la decisión judicial contra los trabajadores, no hubo sanción ni imputación alguna contra ningún funcionario provincial.