Bajo el lema “En el consejo no sobran trabajadorxs; faltan políticas públicas” la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó públicamente que el Gobierno de la Ciudad ordenó la cesantía de empleades contratades en el contexto de la pandemia en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA).
Atenta a ello, la asociación se manifestó reclamando la reincorporación de les afectades. Sin embargo, hasta la fecha su reclamo no obtuvo respuestas positivas.
Les trabajadores fueron contratados por medio de la organización no gubernamental (ONG) JAI, para desempeñarse como operadores en hogares y residencias tales como los Hogares Curapaligüe, Casa de Coca, Avelino, del Valle, y la Residencia Juana Azurduy.
Nota al Pie dialogó con Juan Cueto, delegado del CDNNyA, quien informó que les trabajadores fueron notificados a inicios de mayo de la cesantía. “En ese sentido no hubo mayor información que la notificación misma”, mencionó el entrevistado.
Fraude laboral
Cueto aclaró que tan pronto conocieron la situación se comprometieron con la misma, ya que entienden que tiene que ver con los modelos precarizados del empleo público. A su vez, clasificó la modalidad de contratación como fraude laboral.
“En el Estado el trabajo está enmarcado en la ley como planta permanente, o planta transitoria. Sin embargo, mucho del personal que tenemos está con modalidades que nosotros denominamos fraude laboral; ya sea en condiciones de contratos de locación de servicio, monotributista o bien, en el peor de los casos, como tercerizados”, aseveró Cueto.
Por otro lado, desde la asociación tomaron medidas como la de abrir un canal de comunicación y convocar a reuniones con las autoridades y compañeres.
“Ellos se desempeñaban en hogares de niños, niñas y adolescentes y residencias donde se alojan quienes tienen conflicto con la ley penal. Además, que estaban contratados en una línea correspondiente a dispositivos vinculados a la emergencia pandémica”, explicó el delegado.
ATE entiende que la gestión justifica los despidos con la finalización de las partidas de emergencia por COVID-19, y sostienen que no se trata de empleades de pandemia, sino de puestos necesaries para el funcionamiento cotidiano de los dispositivos.
Asimismo, denuncian que, a partir de la emergencia sanitaria, el personal esencial vio reducido derechos, licencias, cambios de horarios, entre otros.
Una necesidad atemporal
El entrevistado afirmó que son 8 les trabajadores cesades y que su labor no solo se debería mantener en la pandemia. Es por ello, que lo califican como despidos.
“Su tarea era el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos han sido vulnerados en el acompañamiento cotidiano, en las necesidades básicas con prioridad a la pandemia. Es decir, su función excede al marco pandémico”, explicó Cueto.
También remarcó que les afectades tuvieron que trabajar mucho más. “A diferencia de otros compañeros y compañeras, que pudimos establecer otras modalidades de trabajo a distancia para mantener las medidas de cuidado, ellos tuvieron que sostener en los peores momentos el trabajo para poder contener a los niños que se alojaban allí”, declaró el entrevistado.
Desde ATE y el Consejo exigen la regularización de esta situación. Comprenden que la solución de fondo es un pase a planta o la apertura de concursos para ocupar los cargos en las condiciones que la ley establece.
“Mientras logramos ese objetivo de fondo, vamos mejorando las condiciones. Logramos, efectivamente, que muchos de estos compañeros y compañeras que estaban tercerizados pasen a una mejor modalidad, en términos de salario y de cierta estabilidad. De esta forma, se sostuvieron las fuentes laborales de 17 de 25 compañeros”, mencionó Cueto.
Finalmente, informó que el próximo lunes, a partir de las 10 de la mañana, junto ATE capital, se van a movilizar y concentrar por el despido. Pero así también, reclamarán por el pase a planta y por el salario, ya que es necesario mejorar las condiciones.