La abogada Valeria Carreras amplió la denuncia penal contra Carlos Foradori, vicecanciller durante el gobierno de Cambiemos, realizada años atrás por traición a la Patria por negociar ebrio los términos del acuerdo. Esto se llevó a cabo luego de que se conociera, a través del libro, la versión del exviceministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Alan Duncan.
La presentación se hizo en una fiscalía de Comodoro Py y se pidió la citación testimonial de ambos. El acuerdo se relaciona con la cesión de la soberanía argentina al Reino Unido y la violación de la soberanía del espacio aéreo.
Foradori-Duncan, ¿de qué trata?
El “Comunicado conjunto Foradori-Duncan” fue realizado el 13 de septiembre de 2016, a menos de un año del inicio del Gobierno del expresidente Mauricio Macri. La gestión de Cambiemos marcó un claro cambio de estrategia del Estado nacional en relación a Malvinas. De hecho, el expresidente fue el primero desde el retorno de la democracia en no mencionar en su discurso de asunción el reclamo por las Malvinas, causa inclaudicable del pueblo argentino.
Durante el Gobierno de Cambiemos, se definió suavizar las discusiones con el Reino Unido para abrir un “diálogo”. Esta situación marcó un quiebre con la política de reclamo sostenida desde el año 2003. De esta forma, consideraron que ceder era el mejor camino.
Esto coincide con la perspectiva que Macri tenía cuando era un joven dirigente y señaló que las “Malvinas serían un fuerte déficit adicional para Argentina”. El desentendimiento de la Causa Magna del pueblo argentino estaba fundada en un interés económico más propio de algunos sectores empresariales que Macri y su familia representaron.
En efecto, el pacto Foradori–Duncan fue una expresión más de esta concepción. Bajo la tutela del expresidente, el vicecanciller Carlos Foradori se reunió en la embajada británica en Buenos Aires con su par Alan Duncan para iniciar conversaciones sobre el asunto Malvinas. El acuerdo implicó la derogación de las leyes argentinas que aplicaban sanciones económicas a las empresas que actúan ilegalmente en Malvinas autorizadas por el gobierno británico en las actividades hidrocarburíferas y pesqueras.
Dardos cruzados
El actual ministro de Defensa, Jorge Taiana, remarcó que el pacto “sin ninguna duda, no refleja el interés nacional; refleja el interés británico”. Resaltó que el comunicado conjunto jamás pasó por el Congreso nacional. Y que reproduce casi textualmente la carta que la exprimera ministra británica, Theresa May, le envió a Macri como agradecimiento por sus buenos deseos al iniciar su gestión”. En esa misiva, May le advirtió que había que retomar conversaciones para que luego se exprese en un comunicado conjunto.
En su libro, Alan Duncan relató una secuencia que mantuvo en el marco de la reunión con Foradori en la embajada: “A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban”.
Por su parte, el exvicecanciller argentino desmintió esos dichos. Expresó que lo que se describió “es completamente fantasioso”, y que el comunicado era “demasiado largo para haber sido formulado en una noche”.
De todos modos, producto de ese encuentro, se aprobó la apropiación de recursos naturales ictícolas. Además, se determinó el avance en Mar Argentino con la exploración y explotación de hidrocarburos y el acceso de vuelos a Malvinas.
Malvinas, causa inclaudicable
Las actuales disputas por Malvinas expresan que la guerra nunca terminó, sino que tomó otro formato; uno en el que los británicos históricamente se sintieron más cómodos: el diplomático.
Con la rendición del 14 de junio, finalizó el operativo militar y las acciones bélicas. Sin embargo, el conflicto por la soberanía, y la guerra en un sentido amplio, continuaron. A partir de esa fecha, el Gobierno británico comenzó a desplegar una forma distinta de guerra a fuerza no de tanques ni cañones, sino discursiva.
Así comenzó la desmalvinización: la versión de la embajada británica sobre la Cuestión Malvinas que hace referencia a que es una lucha sin sentido a la que los argentinos deberíamos renunciar. Derrotados en las invasiones a Buenos Aires de 1806 y 1807, en la Vuelta de Obligado en 1845, y enfrentados con enorme heroicidad en Malvinas, los británicos supieron que el camino era el diplomático. Allí, siempre fueron fuertes porque sus políticos profesionales conocen perfectamente el interés británico colonial y así van venciendo a sus rivales en mesas de negociaciones.
En ese sentido, les polítiques argentines desde el fin de la guerra hasta la actualidad han ido, en mayor o menor medida, debilitando las posiciones argentinas sobre el conflicto. Un antecedente claro fueron los Acuerdos de Madrid I y II firmados por el expresidente Carlos Saúl Menem. En octubre de 1989 y febrero de 1990, se legitimaron dichos acuerdos que expresaron la pérdida de soberanía argentina por claudicación de los gestores y firmantes del Poder Ejecutivo nacional.
El reclamo no solo son las Malvinas
Se incluyeron a las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, espacios correspondientes al reclamo argentino, en negociaciones de carácter político, militar y económico que agredieron a la Argentina. Por ejemplo, la cláusula que indica que el Reino Unido “eliminaría el actual registro para que los buques mercantes argentinos entren a la zona de protección. Y hacer coincidir los límites de la zona de protección con los de la zona de conservación”.
César Trejo, excombatiente argentino y coordinador del Observatorio Malvinas en la Universidad de Lanús, es claro en relación a la estrategia que debe adoptar el Estado nacional para fortalecer su posición sobre Malvinas. En primer lugar, desconocer la representación isleña porque implica reconocer la violencia original del despojo. A su vez, abandonar definitivamente la “teoría de la seducción de los kelpers”, estrategia que fracasó antes, durante y después de la dictadura militar que apuntaban a ablandar relaciones.
Por último, a encarecer los costos de ocupación colonial. Es decir, si Gran Bretaña y los kelpers deciden sostener su ocupación colonial en territorio argentino, el Estado debe generar todas las condiciones económicas que encarezcan su ocupación. La explotación de recursos ictícolas, pesqueros e hidrocarburíferos a partir de los cuales viven los isleños, los vuelos comerciales, y otros tantos rubros que significan renta extraordinaria para los ocupantes a partir de recursos argentinos.
En definitiva, la responsabilidad recae en una política estatal coherente y perseverante de acuerdo a la Causa Nacional. Las propuestas deben estar ancladas en los intereses nacionales, en la agenda de Argentina y no del país invasor. El pacto Foradori-Duncan, los Acuerdos de Madrid y el conjunto de las negociaciones diplomáticas, parecen haber ido en otro sentido.