Pamela Gorosito, de 23 años, y su hermana Ramona, de 27, fueron asesinadas en Yuto, Jujuy. El femicida, Javier Broy, es la expareja de la menor de las hermanas. La historia se repite: la víctima había realizado denuncias previas pero la justicia no pudo protegerla.
El día del doble femicidio, el hombre se había acercado a la casa de la víctima. Allí la golpeó y amenazó con matarla, episodio que fue denunciado por Pamela horas previas al femicidio en la comisaría local.
Esa noche, alrededor de las 23 horas, el agresor volvió al lugar a cumplir con sus amenazas. La policía llegó a la vivienda cuando Pamela ya estaba sin vida a causa de una herida de bala. En el lugar recibieron un llamado telefónico de un vecino que alertó que en el pasaje entre los barrios Sur y San Miguel había dos personas heridas en el suelo.
Una vez allí, la policía descubrió que esas dos víctimas eran la hermana y la madre de Pamela, quienes habrían sido atacadas por el mismo agresor cuando intentaban ayudar a la joven. Según los peritos, Ramona estaba muerta por un disparo, mientras que la madre tenía un golpe en la cabeza.
El amparo llega tarde
El femicida, Javier Broy de 37 años, cuenta con denuncias previas por parte de Pamela y antecedentes por violencia de género en relación con otras mujeres. Además, había estado detenido luego de que, en diciembre, Pamela lo acusara de “violación de domicilio en un contexto de violencia de género”.
En este sentido, Gorosito había realizado siete denuncias contra su agresor. La última la hizo ese mismo día en la comisaría de Yuto, poco antes de que el hombre consumara el doble femicidio.
En diálogo con Página 12, Graciela la madre de las víctimas aseguró que el Estado estuvo ausente frente a las denuncias de Pamela. “Nunca llegó la policía, siempre decían `ya lo vamos a ir a buscar’ cuando le pegaba a mi hija”, manifestó. En la misma línea aseguró que «el tipo estaba armado, en vez de decir vamos a ver al agresor, si la Justicia hubiera acompañado como debía ser, mi hija hubiera estado bien.
Además, la madre también denunció que en ningún momento los funcionarios de Yuto se acercaron a darle explicaciones o brindarle ayuda. También mencionó que el día de los femicidios ellas mismas habían avisado que el agresor rondaba la vivienda de Pamela.
No son hechos aislados
El caso de Pamela no es el único. Guadalupe Curual, Rosita Marina Patagua, Silvia Raquel Rojas, Florencia Figueroa, Úrsula Bahillo, Noelia Vanina Sánchez, Esther Mamani Canaviri e Ivana Soledad Juárez son solo algunas de las víctimas de femicidio durante 2021. Todas habían realizado denuncias previas. Incluso, algunas hasta tenían medidas de restricción como perimetral o botón antipánico.
Según el Observatorio de violencias de género Ahora Que Sí Nos Ven, en lo que va de 2022 ocurrió un femicidio cada 27 horas. De las víctimas contabilizadas entre enero y marzo, once habían realizado al menos una denuncia y cuatro tenían medidas de protección. En el mismo sentido, el Observatorio Lucia Pérez, registró 114 femicidios en lo que va del 2022. Como consecuencia, 92 niñes quedaron huerfanes y se realizaron 174 marchas pidiendo justicia.
Dicho observatorio, también posee un padrón de denuncias por violencia según el cual aseguran que en Alto Comedero, Jujuy, hay más de 3 denuncias diarias por violencia de género. En Santa Rosa, La Pampa, se realizan 2 denuncias por día. En Córdoba se registraron 756 denuncias en 5 meses, de las que el 37% fueron por violencia de género; mientras que en Corrientes y Neuquén aumentaron las denuncias en el último mes.
Las mujeres necesitan de políticas públicas
Bajo este contexto, desde la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) enviaron una segunda carta al presidente Alberto Fernández. En ella se denuncia la situación de vulnerabilidad que atraviesan las mujeres y el colectivo LGBTIQ+. Además, en el documento realizaron una serie de propuestas para el correcto abordaje de la situación.
En uno de sus puntos principales, la carta menciona que la desigualdad por razones de género obstaculiza el desarrollo de alternativas para la autonomía económica; hecho fundamental para que mujeres en situación de violencia puedan terminar con la dependencia a sus agresores.
Cada femicidio de una víctima que había realizado una denuncia previa es la prueba de que el Estado no está cumpliendo con su responsabilidad. Las distintas organizaciones y observatorios feministas aseguran que todo femicidio es evitable si hay políticas concretas y recursos suficientes para prevenirlos.