A casi 20 años de la “Masacre de Avellaneda”, que acabó con la vida de Darío y Maxi, la herida se vuelve a abrir. Los jóvenes militantes fueron asesinados durante una manifestación en el Puente Pueyrredón por los ex policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta. Si bien fueron condenados en 2006 a reclusión perpetua, podrían tener el beneficio de la libertad condicional. Ante esta posibilidad; familiares y organizaciones sociales y políticas se movilizaron este martes por la mañana hacia la estación de Avellaneda en rechazo a esta medida.
Durante el año 2002, en la Argentina continuaba una gran crisis desocupacional, en ese contexto, los cortes y manifestaciones eran frecuentes. Entre los reclamos de los manifestantes se encontraban: los subsidios para desocupades, aumentos salariales y la entrega de alimentos en comedores.
El 26 de junio de dicho año, durante un corte en el Puente Pueyrredón, la policía bonaerense recibió la orden de desalojarlo. Luego de corridas y disparos, Darío Santillán y Maxi Kosteki entraron a la ex estación de Avellaneda, donde ambos policías los asesinaron. Casi 4 años después, Fanchiotti y Acosta fueron condenados bajo la carátula de “doble homicidio agravado por alevosía y siete tentativas de asesinato”. Sin embargo, aún hoy no se juzgó a los autores intelectuales del crimen.
Nota al Pie estuvo presente en la movilización y conversó con Alberto Santillán, el papá de Darío. También con dirigentes sociales como Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie y Vilma Ripoll, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST-FIT). Además, con Orlando Agüero, del Frente Popular Darío Santillán y Edgardo Mari, miembro de la Mesa Nacional del Polo Obrero.
Rechazo a la libertad condicional
En declaraciones a Nota al Pie, Alberto Santillán, padre de Darío, expresó que esta manifestación “es una clara demostración tanto para la clase política como para la justicia que no vamos a cesar en la búsqueda de justicia”. Al mismo tiempo, señaló que elles no están soles porque además de sus compañeres del Frente y de otras organizaciones, también hay una parte importante de la sociedad que exige lo mismo.
Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, sostuvo que “la masacre de Avellaneda en Puente Pueyrredón fue un crimen de Estado, con actores políticos y perpetradores en la policía”. En ese sentido, recordó la evidencia fotográfica de Pepe Mateos permitió condenar a los ex policías.
“En esta convocatoria rechazamos toda posibilidad que se dé en relación a la libertad condicional o salidas transitorias de los asesinos materiales de nuestros compañeros”, expresó Orlando Agüero. A su vez, el integrante del Frente Popular Darío Santillán; y la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi resaltó que los ex policías cumplen hoy una cadena perpetua en un régimen bastante beneficioso.
No pueden quedar libres los asesinos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillan.
— Silvia Saravia (@silvia_saravia) April 26, 2022
No se puede criminalizar la protesta social.
Seguiremos peleando por un país más justo. #CarcelParaFanchiottiYAcosta pic.twitter.com/uZ0CHOS7Fw
Criminalización de la protesta social
En pleno contexto de ajuste; crisis socioeconómica; y con un pueblo bajo la tutoría del FMI, Saravia cuestionó el mensaje que se da a la sociedad con la liberación condicional de los asesinos. “¿No será un guiño a quienes nos acusan de “extorsión” y un nuevo avance en criminalizar la protesta social?”, resaltó la referente.
Por su parte, Agüero sostuvo que los ex policías no forman parte de la población carcelaria común, porque integraban una fuerza armada del Estado que era parte de un plan criminal. En ese sentido, el integrante del Frente Popular Darío Santillán aseguró que ese plan buscaba “erradicar de las calles al movimiento popular que estaba luchando para frenar las imposiciones del FMI para sacarle más plata a las clases populares”.
En tanto, según manifestó Vilma Ripoll, estamos “en un momento en que el gobierno, con el apriete de Javier Milei; y de los sectores de Juntos por el Cambio a los piqueteros que salen a reclamar por su situación social desesperante, se les dice que abandonen la 9 de julio. A Darío y a Maxi le decían que abandonen el puente. Es la misma situación”.
20 años sin justicia
“Se nos revuelven las tripas cuando vemos en los canales de televisión a Duhalde, a Felipe Solá o cuando los vemos enquistados en este gobierno como ha pasado con Solá y Aníbal Fernández”, señaló Alberto Santillán, papá de Darío, en referencia a quienes eran funcionarios al momento de la Masacre de Avellaneda.
En ese sentido, Agüero expresó: “Vamos por los responsables políticos de los asesinatos, desde Duhalde y los que formaron parte de su gabinete ejecutivo nacional y provincial para que vayan a juicio”. Piden que “reciban las condenas pertinentes por las decisiones políticas que ocasionaron los homicidios de nuestros compañeros”.
Por último, Edgardo Mari, miembro del Polo Obrero señaló; “Nosotros denunciamos desde el primer momento que no hay ningún responsable político que fue juzgado por haber dado la orden de desalojo”. Por ello, desde el Polo Obrero consideran que los responsables políticos son quienes integraron el gobierno en ese momento porque fueron parte de esa represión de la Masacre de Avellaneda.