El aumento de los precios está hoy en el centro de los problemas nacionales. No es casual, afecta a una enorme mayoría de la sociedad y al propio funcionamiento de la economía. El 2019 fue un 54%, el 2020 el 36% y el 2021 volvió a superar el 50%. Este año en curso, acorde a los valores de los primeros tres meses, apunta al 60%.
El FMI, los economistas liberales vernáculos, los grandes empresarios, los políticos de derecha, los medios de comunicación que los expresan y sus lenguaraces, baten el parche que el problema está radicado en que el gobierno emite moneda para cubrir sus gastos y que la principal solución es achicar el déficit fiscal. O sea: recortar los subsidios a las tarifas, hacer otro tanto con las ayudas sociales, con los aportes a las provincias, las obras e inversiones del Estado, jubilaciones, pensiones y los salarios públicos. Supuestamente así frenaríamos el aumento de los precios.
Falso e interesado, por supuesto. Macri llevó adelante esas medidas (por ejemplo, aumentó las tarifas de gas el 1.500% y las de luz un 3.700%) y bajó así el déficit primario del 2019 al 0,44% del PBI. Pero terminó su mandato ese año con el 54% de inflación; la mayor en tres décadas.
Por cierto, eso no significa que, a veces, la emisión monetaria no conlleve inflación. Si un gobierno por causas diversas y razonables, no para satisfacer los intereses del poder económico, se ve obligado a cubrir gastos del Estado con dinero en exceso, pero el aparato productivo no está en condiciones de absorber esos recursos con una oferta adecuada de bienes, tendremos una inflación de demanda.
También puede suceder que los productos indispensables que se importan para el funcionamiento de la economía en algunos países (petróleo, por ejemplo), peguen un salto en sus precios internacionales y eso genere inflación interna; la que se denomina de costos.
En algún otro caso puede pasar que, para mantener competitivo y con superávit su comercio exterior, un país con dificultades allí, como el nuestro, se vea obligado a devaluar su moneda y eso encarezca las importaciones trasladándose a los precios.
Pero, lo real y más allá de esas situaciones que describo, es que la inflación en esencia expresa la puja por los ingresos entre los distintos sectores de la sociedad. En particular en nuestro país, la de los grupos económicos nacionales y extranjeros más concentrados (incluyendo los financieros) con la mayoría de la población (clase media, trabajadores y pobres).
Analicemos esto más en detalle, empezando por el déficit fiscal que, supuestamente, es el culpable principal del aumento de los precios. ¿Qué es lo que encubre la derecha respecto de dicho desfasaje entre ingresos y gastos del Estado?
En primer lugar, que el déficit total tiene dos componentes: el primario, de ingresos y gastos generales, que es donde hacen hincapié los “monetaristas”, y el financiero, que son los préstamos y otras entradas monetarias que recibe el Estado y las deudas que paga (capital e intereses, externas e internas), sobre el que nada dicen estos muchachos a pesar de ser el más elevado claramente; con Macri, por ejemplo, en el 2019 fue del 3,8% del PBI, ocho veces más que el déficit primario.
¿Por qué solo hacen mención a este último? Porque en lo fundamental han sido los gobiernos neoliberales los que han endeudado en dólares al Estado las últimas décadas y porque bajar ese déficit financiero, el mayor, con quita de la deuda, plazos de pago largos e intereses más bajos, afectaría a los grandes bancos y fondos de inversión. Cómo se ve, primera manipulación para adjudicarle sólo a los gastos públicos no financieros el problema de la emisión.
A eso debemos agregarle que una parte no menor de la culpa de que ingresen menos recursos al Estado, y por tanto haya más déficit, es la evasión fiscal. La parte del león de esta la llevan adelante las grandes empresas sobre facturando importaciones y sub facturando exportaciones, con ventas en negro y facturas apócrifas, entre otros mecanismos, y los ricos ocultando ingresos. Plata que, por supuesto, luego la fugan luego al exterior a paraísos fiscales.
A ello debemos agregarle que los sectores adinerados en la Argentina tienen gran experiencia en resistir y evitar que les cobren los impuestos que correspondería acorde lo que ganan. De allí que tengamos un sistema tributario regresivo, donde el IVA, que pagan por igual los pudientes que los pobres, es el impuesto que más recauda. Mientras que otros más justos como ganancias, inmobiliarios rurales, herencia, etc, están por debajo de aquel o directamente no existen. La consecuencia de esta política impositiva es, en concreto, que son menores los ingresos del Estado aumentando el déficit.
Para terminar, digamos que, si en una situación de capacidad ociosa elevada en la economía (por ejemplo, cuando empezamos a salir de la pandemia), un cierto nivel de emisión monetaria produce inflación en lugar de recuperación de la oferta de bienes por mayor demanda, ya sea del Estado o de la gente, es porque los principales mercados están controlados oligopólicamente. En concreto, porque las grandes empresas que los manejan en lugar de aumentar la producción al nivel de la demanda, suben los precios para obtener la misma ganancia con menos gastos e inversión.
En resumidas cuentas, el déficit fiscal, usado como argumento principal del aumento de los precios por la derecha, en realidad no trae en general, por sí mismo, las consecuencias que argumentan. Además, en particular, en nuestro país, tiene otras razones que las que ellos dan. Por ende, cuando dicen que hay que “recortar gastos”, a lo que van en realidad es a afectar los ingresos -directa o indirectamente- de la mayoría de la sociedad para mantener o incrementar los de los sectores concentrados y pudientes.
Pero cabe agregar también, más allá de la sanata interesada de los neoliberales monetaristas, que la inflación tiene múltiples causas. A continuación, voy a señalar sintéticamente dos de la mayor importancia.
La primera está relacionada a los precios internacionales de nuestras principales exportaciones: las agropecuarias. Hace unos meses la sequía, a lo que se suma, ahora, la guerra en Ucrania, han elevado significativamente aquellos. La soja por ejemplo supera los 600 dólares por tonelada. Los mismo sucede con el maíz, el trigo, el girasol y todos sus derivados. Otro tanto con la carne por la demanda creciente de los chinos entre otros.
La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero qué sucede. En lugar de que los sectores exportadores vendan a precios internacionales a 356 millones de consumidores externos y a precios locales, más bajos, a los 44 millones de compatriotas, lo que hacen es trasladar al mercado interno aquellos valores, cotizados en dólares. De allí que la inflación en los alimentos es mayor que la general e impacta, claro está, sobre esta. Un verdadero crimen en un país que tiene 38% de pobres y dentro de ellos 3 millones de indigentes.
En concreto, los grandes productores del campo y las empresas exportadoras maximizan su ganancia (hoy aumentada no solo por los precios internacionales sino también por el valor que va tomando el dólar) a costa de la enorme mayoría de la sociedad; en particular de los que menos tienen que son 18 millones de personas.
Nos preguntamos nosotros, sería razonable que los países exportadores de petróleo hoy que el precio del mismo se ha duplicado en el mercado mundial, trasladen ese aumento a los consumidores de nafta y energía de su país. Por supuesto que no, en ningún lugar sucede eso porque sería un escándalo y temblaría el gobierno que lo permitiera. Bueno, acá pasa con los alimentos.
La otra razón de la inflación, que esconden bajo la mesa los grandes empresarios, es la que desarrollo a continuación. La economía argentina está fuertemente concentrada; en la absoluta mayoría de sus grandes ramas pocas empresas manejan porcentajes muy altos del mercado. Ni que hablar de la industria alimenticia. ¿Ahora bien, cómo se mueven estos monopolios? Se anticipan a todo posible aumento de sus costos (por ejemplo, de los salarios o de las tarifas) y suben inmediatamente sus precios para seguir garantizándose elevadas ganancias; las más de las veces muy por encima de lo razonable. Es decir, aprovechándose de su posición dominante, se aseguran para ellos la porción mayor de los ingresos en detrimento del resto de la sociedad.
En síntesis, por detrás del proceso inflacionario que vive el país de hace años, está en lo fundamental el poder económico nacional e internacional que maximiza sistemáticamente su parte de la torta de ingresos a través los precios. Ese es el grave problema que se debe abordar para buscar soluciones reales.
De allí que nuestras propuestas apuntan al corazón de lo que sucede. Hay que subir las retenciones mientras los precios internacionales de los productos agropecuarios estén elevados. Se deben congelar los precios internos por todo un período, en especial de los alimentos, mientras paralelamente se aumentan los ingresos de las mayorías populares para recuperar poder adquisitivo. Combatir en serio la evasión fiscal de las grandes empresas y, al mismo tiempo, modificar el regresivo sistema impositivo actual por uno donde paguen mas los que mas tienen. Reforzar el Observatorio de los Precios (Ley 26.992) a los efectos de que cumpla cabalmente su papel de controlar a los monopolios que los manipulan en su favor. Garantizar en serio la aplicación de la ley de Góndolas.
Finalmente avanzar con una empresa testigo en el mercado de los alimentos, como fueron en su momento la Junta Nacional de Granos y la de Carnes, para romper con el oligopolio actual allí. Algo que debió haber comenzado con la expropiación de Vicentín.
Para desplegar esa estrategia que explicitamos y tomar esas medidas en favor de nuestro pueblo, resolviendo así uno de los grandes dramas que lo agobia, hace falta un gobierno firme ante los poderosos de acá y de afuera. Algo que este visiblemente no ha demostrado. Allí tenemos, entre otros muchos ejemplos, el acuerdo que ha hecho con el FMI aceptando pagar la estafa de Macri e hipotecando el futuro de la nación.