La propuesta que guía la campaña es dar fin a la privatización del sistema concesionado de alimentación escolar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pretende abordar una transición para que se recuperen las cocinas escolares dónde tradicionalmente se preparaban meriendas y almuerzos.
Esta iniciativa se viene gestando en los últimos tiempos e incluye la participación de las familias y los docentes. También, solicitan a la ciudadanía el apoyo de estas medidas a través de las redes sociales, a través de formularios de adhesión y planillas firmadas.
Consultado por Nota al Pie, Jonatan Baldiviezo referente del Observatorio del Derecho de la Ciudad (ODC), desarrolló los pasos y acciones legales que se tomarán desde la organización que lidera.
“Esta campaña es impulsada por distintas cooperadoras y por el movimiento ‘La Ciudad somos quienes la habitamos’. El eje de la campaña es presentar una acción judicial que cuestione la constitucionalidad de la actual concesión que está tramitando el Gobierno por el servicio público de alimentación”, explicó Baldiviezo.
Iniciativas legales
La organización presentará una Acción Judicial de Amparo Colectivo cuestionando la constitucionalidad de la Licitación Pública 7192-1818-LPU21 de Servicio de Comedores Escolares y del Sistema de Becas, por violar las instancias obligatorias de participación de la comunidad educativa y quebrar el principio de universalidad y gratuidad de la educación pública.
Se buscará reforzar la Ley N° 6.376 de Promoción de la Economía Social con la finalidad de incorporar trabajadores de la economía popular que producen alimentos. Además, se intentará garantizar una verdadera alimentación (nutritiva y suficiente) para les estudiantes.
A su vez, se redactará y presentará un proyecto de Ley que ofrezca el marco para una transición hacia un sistema alimentario. En el mismo se buscará favorecer la educación alimentaria, la preparación de la comida en las escuelas y se garantice la Ley de etiquetado frontal recientemente aprobada.
Realizarán un control participativo junto a cooperadoras acerca de la cantidad y calidad de los alimentos que suministran las empresas concesionarias. Esta iniciativa parte de un documento elaborado por Jonatan Baldiviezo, María Eva Koutsovitis y Alejandro Volkind titulado “Por un sistema de alimentación universal y de calidad en las escuelas de la Ciudad”.
El titular del ODC afirmó: “La acción judicial va a ser presentada la semana que viene. Se está pidiendo que se frene esta concesión. Eso no va a derivar en que las concesionarias no sigan prestando alimentación escolar, sino que va a impedir que se consoliden los nuevos pliegos”.
Además, indicó que estas medidas pueden lograr que estos pliegos sean discutidos junto a las comunidades y se piensen otras formas de prestar y controlar el servicio de parte de los proveedores.
Un sistema arbitrario que favorece siempre a las mismas empresas
Según surge de ODC, a principios de marzo de este año, se abrieron los sobres con las ofertas presentadas por las empresas. Luego, la comisión evaluadora informará qué concesionarias tendrán a su cargo el servicio de comedor en cada escuela. Una de las condiciones para participar de la licitación es haber sido prestador de la Ciudad con anterioridad.
Como ya informó Nota al Pie, días atrás, les ganadores de la prestación podrían obtener hasta 70 mil millones de pesos durante cuatro años de servicio. Por otro lado, el elevado costo de los pliegos de licitación (más de 700 mil pesos) y su sistema de puntaje impide a cooperativas y PyMES participar de la compulsa.
Otro cuestionamiento de Baldiviezo trata sobre el sistema alimentario escolar. Debido a los trámites engorrosos que deben hacer las familias, el sistema no es universal. El sistema está basado desde una perspectiva focalizada que brinda el servicio a sólo una parte de los estudiantes.
Jonatan Baldiviezo concluyó: “Lo que estamos impulsando es que se respete la democracia participativa, con esto lograríamos resolver lo que vienen cuestionando las comunidades educativas desde hace décadas, desde que se privatizó este sistema en el que se dejó de cocinar en las escuelas”.
El Gobierno de la Ciudad contra la participación ciudadana
Éste no es el único tema en el que se acumulan cuestionamientos a la gestión del gobierno porteño en materia de Política Educativa. Cabe recordar el conflicto que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta sostiene en torno al cambio de destino de la Escuela para sordos “Bartolomé Ayrolo” del barrio de Villa Devoto.
La Ley 6447 impulsada por el Legislador Porteño oficialista, Facundo Del Gaiso, pretende destinar el uso de dicha institución a un uso comercial en el marco del llamado “Distrito del Vino”.
En la última semana, Del Gaiso presentó una denuncia penal contra la cooperadora del establecimiento, un empresario, administradores y terceros por usurpación, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos debido al uso privado que supuestamente se estaba haciendo del edificio dónde funciona la Escuela.
Dicha acción legal se fundamentó en el alquiler del inmueble para fines audiovisuales en favor de entidades privadas y productoras cinematográficas. En el Palacio Ceci se rodaron dos largometrajes nacionales.
Como consecuencia de esta acción legal, la comunidad educativa de la Escuela defendió su posición expresando que están siendo criminalizados por defender el barrio, la democracia participativa ambiental y la educación pública contra los negociados con recursos públicos que impulsa el proyecto “Distrito del Vino”.
Las autoridades educativas aseguran que el rodaje de producciones audiovisuales lo autorizó el Ministerio de Educación Metropolitano en virtud del sistema BA Set. Además, la cooperadora afirma que lo recaudado, sumado a otras donaciones, fue destinado para sostener el mantenimiento de la Escuela Nº 28 Bartolomé Ayrolo.