El último viernes se concretó, formalmente, el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil acordado hace una semana por el Consejo del Salario. A partir de la Resolución 4/2022, firmada por el ministro Nacional de Trabajo, Claudio Moroni, se estableció una suba de dicho salario secuenciada en cuatro tramos: 18% en abril, el 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre.
De esta manera, el Salario Mínimo Vital y Móvil alcanzará la suma de 47.850 pesos para fin de año, según se había pactado hace una semana en la sede de la cartera de trabajo. A partir de ello, el acuerdo queda publicado en el Boletín Oficial del Gobierno.
El último miércoles 16, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, firmó un acta de acuerdo, en el marco del Consejo Federal del Trabajo junto a los mencionados representantes sectoriales. En ese sentido, la posibilidad de solicitar una revisión del Salario Mínimo se adelantó para el mes de agosto del corriente año.
En definitiva y en función de la resolución, las sumas a liquidar serán de 38.940 pesos en abril, 42.240 en junio, 45.540 a partir de agosto y 47.850 para el mes de diciembre. Todos los montos se liquidan a mes vencido.
Nota al Pie dialogó con el economista Isaac Rudnik, quien brindó su opinión al respecto.
¿Crecimiento o ajuste? La opinión de un especialista
“Dentro de las cláusulas del acuerdo no queda muy claro, que en la medida que haya un crecimiento superior (al previsto) y, en consecuencia, una recaudación fiscal más robusta, ese excedente pueda ser utilizado con objetivos redistributivos” opinó Rudnik.
En tanto, el economista precisó que “el Gobierno podía haber elegido otros parámetros en la negociación” (con el FMI). Además, consideró que el hecho de haber puesto el límite para cerrar el acuerdo a fines de marzo (antes de la primera cuota de pago) “el Gobierno se puso la soga al cuello”.
“Debió haber llevado adelante una negociación […] para que el programa acordado hubiera tenido pautas favorables al crecimiento y desarrollo argentino que el acuerdo que se firmó”, continuó diciendo el especialista.
Respecto de las decisiones, Rudnik, remarcó que prorrogar esa fecha como límite no era necesariamente caer en cesación de pago “porque en el proceso de negociación […] también el fondo necesitaba cerrar el capítulo argentino porque al momento de otorgarse el crédito (Gobierno de Macri) no se respetaron las normas del propio fondo”.
Acuerdo con el FMI: el implacable obstáculo
Está claro que por parte del Gobierno existen al menos tres objetivos: contener la inflación, el intento de mejorar parcialmente el salario real de bolsillo y tratar de lograr cierta reactivación económica. Al menos, esta era la “propuesta de crecimiento” que las autoridades nacionales ofrecían al Fondo Monetario Internacional (FMI).
Por otro lado, estas aspiraciones parecen ir en contrario con las metas acordadas con el organismo internacional. De hecho, el acuerdo con FMI establece una “propuesta de ajuste” que dicho fondo pretende y finalizó de imponer a la Argentina. Además, a estas condiciones se suman el reclamo de mostrar medidas antiinflacionarias y el aumento de las tarifas públicas.
Esta contraposición de objetivos, puede volver ilusorias las metas del Gobierno Nacional para la economía argentina, en tanto, el ritmo de la inflación podría socavar cualquier pretensión de reactivación y mejora del salario real. Sin embargo, cualquier intento, en virtud de la mejora de la economía quedó sometido al acuerdo con el Fondo.
El costo del acuerdo
Como suele suceder, el costo de este tipo de acuerdos, recaen en los sectores más vulnerables: jubilades, beneficiaries de la seguridad social y les trabajadores informales. Pero en esta ocasión, el impacto se extiende a gran parte de la población trabajadora y sectores medios, puesto que, con el trabajo de los mismos se saldan los pagos de crédito internacional.
Un incremento del salario en un 45% a lo largo de más de medio año, difícilmente, pueda compensar una tasa inflacionaria interanual de más del 50% y su consiguiente aspiración de consumo y reactivación. De todos modos, la actividad exportadora es una expectativa del Gobierno para aliviar el peso de un ajuste fiscal.