Les integrantes del Consejo Nacional del Salario (CNS) se reunieron de forma virtual este miércoles desde las 15:40 horas. El organismo tripartito está conformado por representantes de trabajadores, empleadores y del Estado nacional, les cuales se congregaron a fin de actualizar el Salario Mínimo Vital y Movil (SMVM) vigente.
La posición inicial del Gobierno fue acordar un aumento del SMVM del 40% en tres tramos, hasta febrero del año próximo, y con una revisión en septiembre. Tras horas de debate se llegó al acuerdo de aumentar el haber mínimo a $47.850, es decir, alrededor de un 45%.
📣Se resolvió el nuevo aumento para el salario mínimo vital y móvil.
— Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (@MinTrabajoAR) March 16, 2022
➡️ Representa un aumento del 45% y será de $47.850 a fin de año pic.twitter.com/IJRaznMgVm
Además, se consensuó que se llegará al mencionado monto luego de cuatro incrementos en nueve meses, a saber: 18% en abril, 10% en junio, 10% en agosto y 7% en diciembre. A su vez, la revisión se realizaría en agosto.
La realidad versus el acuerdo
En diálogo con Nota al Pie, el director del Instituto de Investigación Social Económica y Política (ISEPCi), Isaac Rudnik, calificó al valor consensuado como insuficiente. Además, se mostró crítico respecto de la modalidad de los incrementos ya que serán en cuotas.
“La inflación y aumento en general de los precios y en particular de los alimentos está por encima de ese incremento”, aseguró el entrevistado; y continuó: “Si se concreta ese porcentaje con esa metodología de suba estaríamos en presencia de un nuevo proceso de pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores”.
Lo anterior se condice con el informe técnico difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), según el cual el Índice de Precios al Consumidor avanzó en febrero un 4,7% respecto a enero, impulsado por la subida de los alimentos (7,5%) y el transporte (4,9%). De esta forma, fue superior al de enero (3,9%), y, a su vez, el instituto estima que será mayor en marzo.
El director del ISEPCi entiende que les trabajadores que forman parte de la economía informal serían gravemente perjudicades. “Ya el año pasado recibieron incrementos muy por debajo de la inflación que hubo y, en este caso, sería una nueva vuelta de tuerca sobre el poder adquisitivo de los salarios y remuneraciones en general de esos sectores”, explicó.
A su vez, es menester recordar que el organismo acordó, el 27 de septiembre, un mínimo de $33.000 para todes les trabajadores mensualizades que cumplen la jornada legal completa. Esto significó un aumento anual del 52,7%, mayor que el actual. También, en el acuerdo con el Fondo Monteraio Internacional (FMI), el ministro de Economía Martín Guzmán, estimó una inflación de hasta el 48% en 2022, valor superior al acordado.
Falta de representatividad
En la reunión virtual estuvieron presentes 16 integrantes titulares sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT); la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTAA).
Asimismo, participaron 16 miembres empresaries de la Unión Industrial Argentina; la Cámara Argentina de la Construcción; la Cámara de Comercio; la Asociación Empresaria Argentina; la Confederación Argentina de la Mediana Empresa; la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de entidades rurales, gastronómicas, hoteleras y bancarias.
Al respecto, Rudnik afirmó que falta la importante representación de los movimientos sociales. “Hoy son un protagonista fundamental en dos aspectos. El primero, porque representan una porción importante de los trabajadores; y en segundo, porque a través de su movilización y lucha por la defensa de sus intereses, cobraron un protagonismo político y social muy relevante”, aseveró.
Desde este martes, diferentes organizaciones sociales realizaron un acampe y posterior movilización a fin de que sus demandas sean escuchadas y consideradas. El reclamo tuvo dos ejes principales, a saber: aumentos salariales y una firme oposición al pago de una deuda que consideran fraudulenta e ilegal.