La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar el acuerdo con el FMI para pagar la fraudulenta deuda que contrajo Macri en el 2018. Seguramente esta semana que viene el mismo será ratificado en Senadores, mas allá del circo que pueda hacer al respecto la vice presidenta. Es bueno entonces, ahora, con los hechos consumados, volver a explicar lo dañino que resultará esta decisión del gobierno (con el apoyo del derechista Juntos por el Cambio); no solo en lo que falta de su mandato, sino para el futuro nacional.
En el corto plazo, este año y el que viene, tendremos alta inflación (por mayor devaluación del peso, aumento de tarifas y de alimentos) que carcome los ingresos de las mayorías populares. Como también un freno a la economía (por deterioro de los ingresos, menor capacidad importadora, encarecimiento del crédito y disminución del gasto y la inversión pública), que le pondrá límites a la lenta recuperación de aquella luego de la pandemia.
Todo ello es muy grave, por cierto, para un país que viene en crisis desde hace diez años. Con estancamiento del PBI, mas del 40% de su población en la pobreza, muy elevada desocupación e informalidad laboral y baja inversión productiva.
Pero allí no termina la cosa, lo peor es para adelante. Ya que este acuerdo con el FMI (y el que se hizo antes con los bonistas privados) obtura en grado significativo las posibilidades de salir adelante como nación, aunque sea lentamente, en los próximos 15 años.
La economía argentina tenía -y tiene- en el centro de sus problemas, como el principal y de mayor impacto en la decadencia que arrastramos de hace décadas, la “restricción externa”. Es decir, como bien explicó Marcelo Diamand en los años ’60, la estructura productiva distorsionada de nuestro país, resumiendo, llevaba a que exportáramos poco e importáramos demasiado. Esto conducía a que sistemáticamente entrara en crisis nuestro sector externo, por lo que había que frenar la actividad productiva para luego, en un par de años, volver a arrancar; lo que se denomina “stop and go”.
Andando el tiempo, aumentada nuestra población, aquel problema se fue agudizando. En particular, gobiernos neoliberales mediante (la dictadura, Menem, De la Rúa, Macri), por un creciente endeudamiento externo; por lo general de plazos cortos e intereses altos. Ni siquiera el aumento de la productividad y la producción agropecuaria (que son la mayor parte de nuestras exportaciones desde siempre) y la mejora de los precios internacionales de los granos y sus derivados, pudo ya destrabar la cuestión; salvo del 2003 al 2011 y ayudados por el default de la deuda del 2001 y la quita de capital e intereses del 2005.
En esencia y fundamentalmente, esta cuestión del sector externo es lo que explica nuestro estancamiento económico desde mediados de los ’70; con crisis recurrentes cada vez más graves y largas. A ello cabe agregar la pandemia que empeoró todo: lo social y lo productivo, como ya sabemos.
¿Qué salida tenía la Argentina de esta traumática situación? De la mano de un gobierno decidido y firme en la defensa de los intereses populares, aunque fuera paulatinamente, ir por el camino de aumentar nuestras exportaciones aliviando así el sector externo. Con los recursos que se fueran generando incrementar la inversión productiva, no solo en los sectores exportadores, sino además sustituyendo importaciones (para también destrabar con ello la balanza comercial y de pagos). Reindustrializando de esta manera el país para revertir de una vez por todas el modelo económico neoliberal que se impuso desde la dictadura en adelante; sin modificarse en lo esencial durante los gobiernos de otro signo que tuvimos.
¿De la mano de qué sectores se pueden aumentar las exportaciones en los años por venir? En lo fundamental del agro, del petróleo y el gas, de la minería. Ya que contamos con esos recursos naturales y, paralelamente, cabe esperar una importante demanda de ellos en el mundo; como también buenos precios, aunque estos tengan oscilaciones.
Ahora bien, en la extracción, transformación y exportación de dichos recursos naturales, referido a la renta de los mismos, tenemos en principio un límite importante a nivel ganancias. En todos ellos predominan largamente (en algunos casi con exclusividad) las grandes empresas locales y, sobre todo, extranjeras. La puja de la renta con ellas es y será permanente. Pero es inevitable, aun recortándoselas en algún grado, que se lleven una parte de las mismas ya que no se puede prescindir de ellas; como indica la experiencia mundial.
Por lo tanto, aún con un gobierno defensor del concepto de que los recursos naturales son para desarrollar nuestra nación, como, por ejemplo, el de Evo Morales en su momento, hay una parte de la renta que produzcan los mismos que quedará en manos de los sectores económicamente concentrados.
No obstante, con el resto de la ganancia se podía, como decimos más arriba con un gobierno firme, nacional y popular en serio, sacar al país y a su gente adelante.
Ahora bien, cómo va a impactar en esas posibilidades el acuerdo con el FMI, que se suma al anterior con los bonistas privados: muy duramente.
Acorde a los propios gráficos que presentó el gobierno, desde el 2025 (que comienzan los pagos fuertes a los bonistas privados) y el 2034 (que termina lo del Fondo) deberemos pagar largamente arriba de 120.000 millones de dólares al FMI, el Club de París, a bancos y fondos de inversión. Hay incluso años en que los pagos superan los 15.000 millones de dólares. Aun cuando haya una parte de esa deuda que se refinancie (con los condicionamientos que eso trae), habrá otra porción de capital e intereses, seguramente no menor, que habrá que abonar sí o sí.
¿Y de dónde saldrá esa plata? Son dólares, por lo tanto, de la renta que den nuestras exportaciones, fundamentalmente de recursos naturales y sus derivados, como explicamos. Por lo tanto, se restará de lo que le quede al país para inversión productiva, descontada la renta de las grandes empresas que producen aquellas exportaciones; lo que afectará directamente el crecimiento por muchos años.
Ese es el enorme daño para el país y sobre todo a los sectores populares, que este gobierno ha aceptado hacer en las negociaciones por la deuda externa que generó Macri y se fugó en gran parte.
Para empezar en las tratativas con los bonistas privados, por una deuda de 66.000 millones de dólares. En esa ocasión, en lugar de hacerle una significativa quita y poner plazos bien largos de pago, como hizo Roberto Lavagna durante el gobierno de Kirchner, Alberto solo pateó un poco para adelante la cosa, y ya del 2025 hay que pagar una enormidad de plata. Nadie del gobierno cuestionó esta negociación, que ya anticipaba hacia dónde marchábamos; tampoco Cristina ni La Cámpora.
Ahora, dicha conducta política débil en la defensa del interés nacional, se continuó en la negociación y el acuerdo con el FMI. En lugar de suspender el pago de lo que a ojos vista constituía una estafa, apenas llegada a la Rosada esta administración la fue legalizando, pagándole al Fondo durante dos años 7.400 millones de dólares de capital e intereses (a lo que no se opuso el kirchnerismo, por cierto). El moño genuflexo, al decir de Yrigoyen, se lo acaban de poner en el Congreso.
Pero las consecuencias de las decisiones de Alberto, Cristina y compañía, apoyadas y aplaudidas por la dirigencia de Juntos por el Cambio, van a recaer sobre las espaldas de los menos pudientes de nuestros y nuestras compatriotas, la gran mayoría. Poniendo nuevamente una losa sobre las posibilidades de recuperación nacional de esta calamidad que hoy nos azota.