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El proyecto de la Ley de Humedales fue presentado el pasado miércoles 2 de marzo nuevamente en el Congreso de la Nación. Luego de obtener media sanción en el Senado en 2013 y 2016 y perder estado parlamentario en 2020, cerca de 50 organizaciones ambientalistas y 30 legisladores nacionales acompañan la propuesta en conjunto con representantes de la comunidad científica.
“Por eso, nos pareció fundamental elaborar un proyecto que contemple a todas esas experiencias, con otras también, El texto que se dictaminó en el 2020 en la Comisión de Ambiente es la síntesis de los acuerdos que logramos y fue acompañado por 23 Diputados de distintos bloques”, sostuvo en su cuenta personal de Twitter Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires.
¿Cuál es su objetivo?
El proyecto de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el uso racional y sostenible de los Humedales tiene un objetivo principal brindar a los humedales un uso ambientalmente respetuoso. Este implica preservar las funciones ecológicas y eliminar los factores que los perturban. En ese sentido, propone crear un fondo en el que el Estado asigne recursos para protegerlos. Asimismo, la creación de un Inventario Nacional de Humedales que consiste en un ordenamiento territorial en el cual se registren y clasifiquen de manera colaborativa la ubicación, las características y la función específica de cada uno, estimulando la participación ciudadana.
A propósito de las actividades productivas que ”correrían riesgo”, Grosso adelantó: “Nosotros con la ley no proponemos prohibir ninguna de estas prácticas. Lo que sugerimos es adaptar esas prácticas, a prácticas que sean respetuosas de las capacidades ecosistémicas de esos humedales». Planteó “¿Qué buscamos con la ley? Regular la actividad económica. Y lo que el Estado no regula hasta acá. El mercado lo termina destruyendo». Las organizaciones ambientalistas vienen haciendo hincapié hace muchos años en la necesidad de contar con una Ley de Humedales. Consideran que una gran parte de estos ecosistemas se encuentran “en serio peligro” por la intervención humana. Uno de los puntos centrales de la ley es prevenir incendios intencionales como los que sufrió la provincia de Corrientes hace unas semanas. Penalizándolos, regulando la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen como fumigaciones, la nueva síntesis del texto parlamentario enfoca en los medios para prevenir y desalentar esta clase de actividades.
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Los detractores
Desde el origen de la iniciativa, las organizaciones ambientalistas denuncian el lobby empresarial de sectores del campo, la minería y el negocio inmobiliario. Y así boicotear el tratamiento y la sanción de la ley. La gran mayoría, los productores agrícolas ven el proyecto con inquietud en relación a la definición con la que se considerarán los humedales, ya que en función de ello se sabrá qué cantidad de territorio se verá afectado y qué actividades se podrán realizar, Según el encuadre técnico, podría representar el 8% o el 22% del territorio.
Durante su último tratamiento en 2020. El vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, mencionó que existe un “riesgo certero” de que con la aprobación de la ley de humedales “pasen a ser parques naturales”. A su vez, advirtió que afectaría en gran medida a pequeños productores que habrían de abandonar las actividades por no poder hacer obras de infraestructuras e incluso trabajar las tierras para producir miel por ejemplo.
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El respaldo institucional
El proyecto de ley cuenta con el firme respaldo del ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan Cabandié. El 2 de febrero pasado, en el marco del Día Mundial de los Humedales, el funcionario anunció la conformación de una mesa de trabajo para crear un nuevo proyecto de ley, “con diálogo y con una visión federal”.
Luego de tensas semanas en las que el Ministerio quedó envuelto en la tragedia por los incendios de Corrientes, el Secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación Argentina, Sergio Federovisky, reforzó el apoyo a la iniciativa. “El Estado requiere de una herramienta adicional para llevar adelante una política en materia de humedales para poder llevar adelante una política pública consistente y persistente”, sostuvo.