El pasado 17 de febrero, al cumplirse 9 años de la muerte de Micaela Fernández, familiares y organizaciones se movilizaron hasta la fiscalía de El Talar. También se realizó una radio abierta con la intención de reclamar justicia por la niña y por su madre, Nancy. Las manifestaciones fueron impulsadas por Lisette, hermana e hija de las víctimas. Nota al Pie dialogó con la abogada del caso, Paula Mercedes Alvarado Mamani.
La causa sobre la muerte de Micaela, una niña de 14 años integrante de la Comunidad Qom Yecthakay, está caratulada como suicidio. Sin embargo, reclaman que sea tratado como un femicidio. Por su parte, Paula Mercedes Alvarado Mamani sostuvo que hay pruebas de que se trató de un femicidio en el que estaría involucrada una red de trata de personas.
Dos reclamos, ninguna respuesta
Micaela desapareció en el año 2013, y cuando su mamá Nancy fue a la comisaría sexta a denunciar no le tomaron la denuncia. Días más tarde, la niña fue encontrada muerta en lo que para la justicia fue un suicidio sin contemplar las lesiones que presentaba el cuerpo.
Mamani aseguró que “hubo muchas cosas en esta causa que fueron iniciadas de mala manera”. La manera en que apareció el cuerpo, las cicatrices y sus uñas cortadas son algunos de los puntos que la abogada explicó que son incorrectos frente a la hipótesis de un suicidio.
En aquel entonces, la madre tampoco creyó esa hipótesis y comenzó a marchar hasta la comisaría para pedir justicia. En mayo de 2014 Nancy apareció muerta en su casa con signos de asfixia. La causa tampoco se investigó. “Fue como un balde de agua fría”, explicó la abogada, quien aseguró que le quedó pendiente la promesa de hacer justicia.
Por su parte, Lisette, hermana e hija de las víctimas, aseguró en diálogo con Télam que dos hombres, quienes dijeron ser policías, la siguieron cuando se dirigió a la fiscalía de Talar de Pacheco a pedir la reapertura de la causa.
Piden un cambio de carátula de la causa
Ya en situaciones anteriores, Nancy había sido golpeada y maltratada en la comisaría. “Vino a denunciar los hechos y a ella le pegan y le dicen `india de mierda`, por lo que termina hospitalizada”, contó la abogada.
Hasta el año 2017, fue el padre y abuelo de las víctimas, Eugenio Fernández, quien reclamó justicia. Ese año el referente de la Comunidad Yecthakay falleció sin lograr una condena ni otras de las demandas para su comunidad.
A pesar del pedido de justicia, ambas causas fueron archivadas en el año 2014. Luego, cuando Lisette cumplió la mayoría de edad, volvieron a activarlas. Allí comenzaron a buscar visibilización. Luego solicitaron el cambio de carátula de suicidio a femicidio, reclamo que aún sigue pendiente.
La justicia no es para todes
La letrada manifestó que para entender el contexto de los hechos hay que comprender la “interseccionalidad” del caso. “No solo es una cuestión de género sino de pueblos originarios. El abuelo Eugenio había sido una persona conocida en lo que es el ámbito de los pueblos originarios, pero, por migraciones, vienen a vivir a la provincia de Buenos Aires y no cuenta los mismos derechos y reconocimientos”, explicó.
Nancy, su padre y sus hijas, pertenecían a la comunidad Qom Yecthakay. “Eran una familia bastante vulnerabilizada en sus derechos no solamente con la falta de agua y luz. En todo ese contexto se da esta situación”, aseguró la experta.
Desde el primer momento, en la fiscalía los atendieron “de muy mala manera”. La abogada remarcó la “situación de discriminación que sufrís cuando no ingresas con la ropa que corresponde, cuando sos morocho o cuando hablas comiéndote las eses”.
Además, Mamani contó que forma parte de la causa desde que Nancy solicitó acompañamiento para obtener justicia. “De los organismos de derechos humanos ninguno quiso tomar la causa”, denunció la abogada. También remarcó que en un primer momento intentaron ayudar a la madre respecto a su estado de vulnerabilidad y no obtuvieron ayuda.