En estos días un ministro y un alto funcionario de presidencia hicieron declaraciones, cuestionando los pedidos de mayor ayuda social a los más necesitados. Como así también, las medidas de protesta que llevan adelante las organizaciones sociales que representan a gran parte de aquellos.
Juan Zabaleta dijo recientemente que “No va a haber más altas de planes sociales y no admitiré la extorsión. Sería bueno encontrar otro método de protesta que los cortes de calle, los que van a trabajar también tienen derechos”.
Por su parte Fernando “Chino” Navarro, del oficialista Movimiento Evita, declaró en el mismo sentido respecto de las movilizaciones sociales, sosteniendo que “es exagerada la virulencia del reclamo, no me gustan este tipo de protestas que afectan a los ciudadanos”.
Es visible que, desde el gobierno, para ser simpáticos a la clase media influenciada por la derecha, en su cuestionamiento a los más humildes y a su manera de resistir que los empujen a la miseria, como también para disimular la agachada que han tenido frente al Fondo, compraron los argumentos que ha difundido el macrismo respecto de lo que significan las ayudas, subsidios y planes, las organizaciones sociales y las movilizaciones que demandan soluciones.
El manual de Juntos por el Cambio al respecto (también de los supuestos “libertarios”), tan difundido, ahora ha pasado a ser usado por el gobierno del Frente de Todos. Notable y lamentable, por cierto.
Aunque algunos adelantos ya habíamos tenido en la palabra del Cuervo Larroque, cuando el desalojo de Guernica el 2020, o antes aún, cuando Berni llevó detenidos a compañeros y compañeras de Barrios de Pie a Campo de Mayo, no nos deja de asombrar.
De todas maneras y más allá del rechazo liso y llano a estas prácticas de, como el tero, poner el grito en un lado y los huevos en otro, es bueno responder a las argumentaciones usadas por estos funcionarios de Alberto.
Empecemos por los planes Potenciar Trabajo, que dicen no van a ampliar porque serán reemplazados por laburo genuino. En la Argentina de hoy dichos planes, de apenas 16.000$ mensuales, son una muy limitada ayuda a solo una parte de quienes no tienen ningún ingreso (un millón doscientas mil personas en la actualidad) o cuyas entradas producto de changas o trabajos muy precarios (dos millones de personas) están bien por debajo de la línea de pobreza. Solo en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) hay dos millones cuatrocientas mil personas anotadas, que viven esa situación. Recordemos que el IFE, hace apenas un año y medio atrás, lo cobraron 11 millones de compatriotas pobres.
En concreto, esa es la realidad de la Argentina actual. Más del 40% en la pobreza, de ellos el 10% en la indigencia, miles de pymes cerradas en los últimos 4 años, la inversión productiva en el subsuelo. Y los funcionarios dicen que ya no habrá más planes, los que serán reemplazados por trabajo digno. Falso, sabiendo que este es un objetivo muy genuino que todos compartimos, esconden, atrás de lo irrealizable de lograr esto en el corto plazo en la situación de la economía del país, que el FMI les exige bajar el gasto público. Esa es la verdad de la milanesa, que, como siempre sucede, saldrá a luz inevitablemente con el pasar de los meses.
Pero a esa despreciable mentira, le agregan veladas amenazas a los más humildes si protestan y se movilizan. Resulta que ahora para estos señores, al igual que para la derecha, el derecho a transitar está por encima que el derecho a tener lo indispensable para vivir. Falta que aplaudan las tapas de los diarios que tanto critican, cuando frente a la movilización social ponen en letras destacadas: “Caos de tránsito en la ciudad”.
“No nos gustan las marchas que cortan calles, deberían encontrar otra forma de protestas” dicen. Sería bueno que indiquen cuál podría ser. Algo a la japonesa, por ejemplo, encerrarse cada manifestante con su familia en su casa o casilla a pasar hambre un par de días. Que cinismo.
Cuando los trabajadores se organizaron en nuestro país, allá por finales del siglo 19 y principios del 20, empezaron a hacer huelgas en reclamo de sus derechos. Los gobiernos y patronales de aquel entonces los tildaban prácticamente de terroristas, para usar una palabra de actualidad hoy. Argumentando que sus huelgas eran una afrenta a la sociedad e irracionales. Ilegalizaban sus organizaciones, los reprimían, metían presos o echaban del país, ley de Residencia mediante. Los mataban también, como el coronel Ramón Falcón en Plaza Lorea o en los talleres Vasena y los campos de la Patagonia.
Pero la historia no se detuvo. Los hijos y nietos de aquellos trabajadores, no solo continuaron peleando, fortaleciendo y extendiendo sus organizaciones, logrando el reconocimiento legal de ellas, sino que conquistaron el rango constitucional para el derecho a huelga (Artículo 14 bis CN). Aunque cuando se ejerce inevitablemente afecta, las más de las veces, otros derechos. Acá y en todo el mundo, ya se sabe.
Ahora bien, los trabajadores se defendían y defienden con la huelga. ¿Y cómo protegen su derecho a una vida digna los más humildes, que no pueden hacer huelga en su enorme mayoría por no pertenecer ya desde hace muchos lustros a la clase trabajadora organizada? Se movilizan por calles y avenidas para hacer visibles sus reclamos.
No lo hacen como lo hicieron los propietarios rurales, en contra de la 125 que afectaba sus enormes ganancias. Tampoco como los macristas, en rechazo de las vacunas para el Covid. Ni repudiando a la Corte Suprema que, supuestamente, no funciona. Lo hacen para poder vivir: para alimentar a sus hijos, para vestirse, comprar medicamentos, pagar el colectivo y la garrafa de gas. Y afectan el tránsito, claro, aunque a Zabaleta y Navarro no les guste.
En resumidas cuentas: acuerdan con el FMI, preparan el ajuste que va a afectar a muchos millones de compatriotas y, al mismo tiempo, critican a los más humildes que defienden su dignidad y su familia con argumentos de la derecha. Una verdadera vergüenza.
HUMBERTO TUMINI
Presidente de Libres del Sur