El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó este miércoles en su Boletín Oficial que extenderá la concesión del predio Costa Salguero a la firma Telemetrix hasta el 30 de junio de 2022. Esta prórroga se da luego de que a fines del año pasado se declarara inconstitucional la ley que autorizaba la venta del predio de Costa Salguero.
En noviembre de 2021 varias organizaciones políticas, ambientales y sociales, presentaron una iniciativa popular. Esta fue avalada por más de 50.000 firmas y tuvo como objetivo que Costa Salguero no se venda, sino que se destine a un parque verde y público.
En diálogo con Nota al Pie, el abogado y director del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó que “el predio de Costa Salguero actualmente está concesionado a la empresa Telemetrix. Es una concesión de treinta años que venció en abril del año pasado”.
Por esta razón, el gobierno inició en 2019 un debate en la Legislatura porteña para autorizar la venta de este predio y destinarlo a emprendimientos inmobiliarios. “Sabía que la concesión vencía en abril de 2021 y no quería que esos predios vuelvan a manos públicas, a manos de la ciudadanía y se transformen en un gran parque público”, detalló Baldiviezo.
La voluntad siempre fue vender
En el año 2019 se votó la ley 6.289 que autorizó la venta del predio de Costa Salguero. Poco tiempo después la Justicia la declaró inconstitucional. De esta manera se suspendió judicialmente la venta; sin embargo, a pesar de eso el año pasado el gobierno logró rezonificar el predio para que se autorice a construir torres.
En este sentido el abogado amplió: “por una parte el Gobierno aprobó una ley para vender el predio que está declarada inconstitucional por la justicia y por otra parte una ley para autorizar torres en ese predio”. Son dos proyectos o dos leyes distintas pero de un mismo proyecto inmobiliario con el que se quiere avanzar.
“Como obviamente esos edificios no se van a construir hasta que el gobierno no logre destrabar la venta en la justicia, decidió que, finalizada la concesión, tampoco vuelva a manos de la ciudadanía y se transforme en un parque público”, sostuvo. Y por eso prorrogó la concesión de Telemetrix desde abril del año pasado.
En primer lugar la habían prorrogado hasta fines del 2021; luego hasta fines del año 2022, unos cuantos sectores y ahora prorrogaron dos sectores más hasta mediados de 2022. Es decir, hay dos sectores que se prorrogaron hasta junio de 2022 y el resto de los sectores habían sido prorrogados hasta fines del año 2022. “La voluntad del gobierno que declaró expresamente es continuar con la concesión a Telemetrix hasta destrabar y vender estas tierras para emprendimientos inmobiliarios”, detalló el director del Observatorio.
100 % pública y verde
Desde el Observatorio del Derecho a la ciudad consideran que “la Constitución en el plano urbano ambiental establece que toda la costanera tiene que ser 100% pública y verde”. En ese sentido, aseguran que es inconstitucional la prórroga de las concesiones porque “tenemos un mandato de la Constitución en el art. 27 de que debemos recuperar las áreas costaneras”. Ese mandato obviamente “es contradictorio a seguir privatizándolas porque ya las concesiones están vencidas y por lo tanto estas prórrogas son ilegales”, argumentó Baldiviezo.
Por otra parte, el abogado mencionó que “hay una serie de ordenanzas y leyes que prohíben la privatización de espacios que están destinados a ser parques públicos”. De esta manera, “nuevamente el gobierno decidió violar la Constitución, las leyes para seguir favoreciendo sus negocios y para evitar que La Costanera empiece o vuelva a manos de la ciudadanía hasta que pueda venderlas”.
En toda la discusión del contorno costanero en estos últimos años, con la discusión del Distrito Joven, de Costa Salguero, Punta Carrasco, con la autorización del nuevo Puerto Madero en costa urbana “lo que está de manifiesto es un plan de gobierno para que el contorno ribereños de la costanera porteña sea apropiada por las corporaciones inmobiliarias y nunca sean destinadas para el disfrute de la ciudadanía”.
Esta prórroga de las concesiones es parte de ese plan de que si el Gobierno no las puede vender, ni privatizar definitivamente, tampoco la ciudadanía lo va a poder usar. Es como un castigo a la ciudadanía por el rechazo masivo que han sufrido estos negocios inmobiliarios impulsados por el gobierno.