El gobierno argentino está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por una deuda de 45.000 millones de dólares, a pagar en el corto plazo, que contrajo la anterior administración de Cambiemos. Dicho préstamo tuvo dos elementos fundamentales que permiten caracterizarlo como fraudulento. En primer lugar, por declaraciones de los propios funcionarios del staff del Fondo, el presidente norteamericano Trump presionó para que fuera otorgado con el objetivo de intentar la reelección de Macri; es decir con un fin esencialmente político. En segundo término, una vez materializado y en particular luego de la contundente derrota del ex presidente en las PASO del 2019, dichos dólares fugaron del país en su totalidad. En parte en manos de bancos que habían ingresado divisas para bicicletas financieras que les permitía el libre ingreso de capitales vigente. En otra porción, por la venta del gobierno a grandes empresas y gente pudiente que luego las derivó al exterior.
En resumidas cuentas, se verificó una verdadera estafa a través de un préstamo enorme, que tuvo intencionalidad política y que se destinó a la fuga de capitales. Ambas cosas prohibidas por los estatutos de aquel organismo, pero que no fueron cuestionadas por el mismo.
Es por ello que desde nuestro partido decimos que, en lugar de pagar dicha deuda, el gobierno argentino debe pedir la investigación de la misma para determinar si es justo y correcto, o no, abonarla.
Pero no solo por eso insistimos con no ir a ningún acuerdo con el Fondo. Sino, además, porque dicha institución, manejada por los países poderosos y en especial los EEUU, utiliza esos acuerdos para beneficiar los intereses de los grandes sectores financieros y las multinacionales, perjudicando a las naciones más débiles como la nuestra. Algo que, en la enorme crisis por la que venimos atravesando de una década a esta parte, sería terrible para el presente y futuro nacional; en especial para las mayorías populares hoy agobiadas por la pobreza, el desempleo y la inflación.
Basta para ver esto que decimos, la experiencia que ha hecho nuestra nación de 66 años a esta parte respecto de los acuerdos con dicho organismo internacional y sus consecuencias concretas.
La historia de la Argentina con el FMI
Tras el derrocamiento de Perón en el golpe de Estado de 1955, el gobierno del general Aramburu adquirió un préstamo externo por 700 millones de dólares, en los marcos de su alineamiento con los EEUU. Que incluyó la incorporación de la Argentina al FMI y al Banco Mundial, junto a la desnacionalización de los depósitos bancarios. Ingresa así el país al círculo vicioso de endeudarse, no poder pagar y volver a endeudarse con créditos cada vez más caros, quedando así sometidos a las presiones y condicionamientos del poder financiero internacional y del gobierno norteamericano, que es el jugador principal de aquel.
Al terminar el gobierno de la “Revolución Libertadora”, ya pasamos de ser un país acreedor en 1955 a uno deudor por 1.100 millones de dólares tres años después.
La siguiente administración, la de Arturo Frondizi, a poco de andar ya recurre al FMI para hacer frente a aquella deuda. Firma entonces un acuerdo con cláusulas secretas de ajuste, como la reducción del 15 % de los empleos públicos con el despido de trabajadores, la paralización total de las obras públicas, privatización de las empresas del Estado, entre ellas reducción y venta de los frigoríficos estatales en favor de los norteamericanos, la clausura masiva de ramales ferroviarios en beneficio de la industria automotriz (Plan Larkin), restricciones en el otorgamiento de créditos, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por dos años. El nunca bien ponderado economista liberal Alvaro Alsogaray, fue el encargado de llevar adelante dicho plan.
Se generaliza entonces la resistencia popular a semejantes políticas y Alsogaray se ve obligado a renunciar en abril de 1961. Un año más tarde los militares echan a Frondizi, ponen a Guido, su vice, en la presidencia y reponen a don Álvaro al frente de economía. El que rápidamente hace un nuevo acuerdo “stand by” con el Fondo, que impuso la reducción a cero de los derechos de importación, el incremento de los impuestos sobre el consumo y de las tarifas de los servicios públicos. Se redujeron las retenciones a las exportaciones tradicionales y se achicaron el gasto y la inversión pública. De manual, como se ve.
Dicho plan produjo una baja de la actividad económica, que a su vez contrajo los ingresos del Estado; por lo que el déficit fiscal no se redujo, sino que aumentó. No fue posible abonar las cuentas ni los salarios del sector público, por tanto, el gobierno decidió pagar con bonos del famoso «empréstito patriótico forzoso».
Así empezaba esa primera etapa de la historia de los pactos de los gobiernos argentinos con el Fondo Monetario Internacional. Los que sistemáticamente ataron a nuestro país a los intereses norteamericanos, a los del poder financiero internacional y a los monopolios extranjeros.
A fines del año 1975, el gobierno de Isabel Perón vuelve a pedir un préstamo al FMI. Como es derrocado por los militares de Videla y compañía unos meses después, son estos los que le dan continuidad a dicho acuerdo. Venía, como es habitual, con condiciones, las que el nuevo Ministro de Economía, el oligarca Alfredo Martínez de Hoz aceptó gustoso. Exigía el Fondo la eliminación de los aranceles de importación, la reorganización del sistema financiero y la liberación del control de movimiento de capitales. Con lo que abrieron la puerta a empezar con la destrucción de la industria nacional (que luego continuaría Menem), a la concentración y extranjerización del sistema bancario y a la bicicleta financiera en gran escala (de la que Macri sabe bastante).
En 1980, cuando el fracaso de dicho plan económico era visible, un alza en las tasas de interés internacional (como la que se aproxima actualmente) hizo saltar todo por el aire. Comenzó un derrumbe de grandes bancos por retiro de depósitos, el Banco de Intercambio Regional fue el primero, que culminó en una gran devaluación que puso contra las cuerdas a todas las grandes empresas endeudadas en dólares baratos gracias a la Tablita de Martínez de Hoz.
Entonces, en los marcos de una enorme recesión, la dictadura, Cavallo y González del Solar mediante, decide nacionalizar las deudas por 22.000 millones de dólares de dichas empresas: Acindar, el grupo Macri, Banco Galicia, Pérez Companc, el Ingenio Ledesma, Loma Negra de Amalita Fortabat, Bunge y Born, etc, etc. A partir de ese momento, todos los argentinos nos haríamos cargo de pagarlas.
Así terminó ese nuevo acuerdo con el FMI y sus exigencias. Un nuevo desastre nacional con destrucción industrial, extranjerización de la economía, salvataje para los ricos y graves consecuencias para las mayorías populares. La deuda externa al final de la Dictadura llegó a 45.000 millones de dólares, incrementándose un 354%.
Se fueron los militares y le dejaron el paquete a Raúl Alfonsín, que prometió en campaña que con la democracia “se come, se educa y se cura”. Pero que no explicitó que con acuerdos con el FMI eso no iba a suceder; tal vez porque pensaba en que no los haría.
Durante un tiempo, para ser justos, pulseó con el Fondo y hasta declaró una moratoria unilateral de la deuda por 180 días. Pero luego, débil (como pareciera ser el actual gobierno de Alberto y Cristina) empezó a negociar y ceder. En diciembre de 1984 firma otra vez un acuerdo con el FMI que exigía una baja del déficit fiscal; no sé si les suena. La reducción del mismo se logró bajando la inversión pública, retrasando los salarios de los empleados públicos y postergando el pago a los proveedores de Estado, lo que repercutió negativamente en el resto de la economía.
Acompañó esas medidas en 1985 con el liberal Plan Austral de Sourrouille, que capotó rápidamente. Nuevo Stand by con el Fondo en 1987, hiperinflación en 1989, desastre económico y social, con retirada anticipada del gobierno e incremento de la deuda externa del 44% en el transcurso de su mandato.
Una vez más, transparentes las consecuencias de hacer acuerdos con el FMI y aceptar sus recetas y condiciones.
Vino entonces, en 1989, el inefable Carlos Menem, acompañado entre otros, vaya sorpresa, por Alvaro Alsogaray, aquel que dijo “hay que pasar el invierno” cuando el primer préstamo del FMI.
En un contexto de muchos petrodólares dando vuelta por el mundo, abrió el riojano de nuevo la economía (para ir supuestamente al primer mundo) y comenzó a endeudar el país. En julio de 1996, cuando Roque Fernández reemplaza a Cavallo, ya el país debía 90.000 millones de dólares, un 55% más que la deuda que dejó Alfonsín. Ni los 23.948 millones de dólares (11 441 millones en efectivo y 12 508 millones en rescate de títulos públicos) recaudados con las privatizaciones impidieron dicho incremento.
La crisis del Tequila con fuga de divisas al exterior, el aumento de las importaciones con la apertura externa, la repatriación de utilidades de las multinacionales, volvieron crecientemente deficitaria la balanza de pagos en el segundo mandato menemista. La salida promovida por los sectores financieros internacionales fue que el gobierno continuara pidiendo plata, con lo que al final de su mandato la deuda llegó a 146.000 millones de dólares.
Los gastos para el funcionamiento del Estado durante la década del ’90 se mantuvieron estables, pasaron del 6,2% del PBI al 6,4%. El gasto social creció un poquito, del 20,3% del PBI al 21,8%. Pero los intereses del pago de aquella deuda pegaron un salto y pasaron del 1,8% al 5,3% del PBI, poniendo en jaque las finanzas públicas.
En esa situación llegó el gobierno de la Alianza, que no tuvo mejor idea que mantener la Convertibilidad. Un dólar cada vez más barato que perjudicaba las exportaciones y facilitaba las importaciones, junto a un creciente deterioro en la balanza exterior turística, que agudizaban el déficit en la balanza de pagos y carcomían las reservas.
No había dólares para pagar la deuda. Entonces a un año de asumir, ya De la Rúa recurre nuevamente al FMI, como si esto fuera solución a los problemas económicos del gobierno. Obtiene un significativo préstamo de 38.000 millones de dólares que se denominó el “blindaje financiero”. Con altísima tasa de interés del 8% y condiciones leoninas del Fondo una vez más para asegurarse el pago: congelamiento del gasto público primario a nivel nacional y provincial por cinco años, reducción del déficit fiscal y reforma del sistema previsional, para elevar a 65 años la edad jubilatoria de las mujeres (cualquier semejanza con la actualidad no es mera coincidencia). Por supuesto, con monitoreo por parte del Fondo de las cuentas públicas para asegurarse que dicho préstamo se utilizara solo para pagar deuda y volver a ganar la “confianza” del mercado financiero internacional. ¿Les suenan esas palabras?
Las cosas, como siempre, no anduvieron bien, se fue Machinea y llegó de vuelta Cavallo que puso en marcha el “Megacanje”, por el cual se cambiaron bonos de la deuda de corto plazo a un 5% de interés, que la Argentina no podía pagar, por otros a largo plazo al 18%. El ex ministro de Menem junto a Federico Sturzenegger (andando el tiempo presidente del BCRA de Macri) fueron procesados por la justicia, por incrementar la deuda del país con ese megacanje en 53.000 millones de dólares en beneficio de determinados bancos norteamericanos.
Ya sabemos cómo terminó el gobierno de De la Rúa, de la mano del FMI, los sectores financieros y los EEUU: se fue en el helicóptero, dejó 50% de pobreza, 25% de desocupación, el corralito y 31 muertos. También 144.000 millones de dólares de deuda y cero reservas en el Banco Central.
Conclusión
Bien haría el gobierno del Frente de Todos de tomar nota, no solo de que el FMI nos quiere hacer pagar una estafa que promovió a conciencia. Sino también de lo que enseña la larga historia de nuestro país con los “acuerdos” con el Fondo y sus condicionamientos. Solo miseria, atraso y dependencia le han traído a la patria.