Eran las 4.12 de la madrugada del 30 de diciembre de 2020. La jornada había comenzado muy temprano el día anterior. El tablero en el interior del Senado de la Nación se iluminaba de verde, con 38 votos positivos frente a 29 negativos y una abstención. La voz de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo confirmaba: la interrupción voluntaria del embarazo “resulta aprobada, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo”. La marea verde que había colmado las inmediaciones del Congreso para acompañar la vigilia, junto a miles de personas que seguían la transmisión en vivo desde diferentes puntos del país, explotó en un infinito abrazo colectivo, al grito de “es Ley”. El llanto de alegría por la conquista histórica era también un homenaje a la memoria de todas las mujeres que perdieron la vida en abortos clandestinos.
“Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Fue el lema que se convirtió en bandera para recorrer el territorio nacional de punta a punta; con el horizonte claro que dejaron como legado otras grandes mujeres: la única lucha que se pierde es la que se abandona. Video: Facebook de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.
Después de más de quince años de lucha de los movimientos feministas, se logró el reconocimiento legal sobre la autonomía de les cuerpos gestantes como un derecho humano fundamental. La Ley Nacional 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) se sancionó el 30 de diciembre de 2020; se promulgó el 14 de enero de 2021; y entró en vigencia el día 24 de ese mes.
A un año de aquella histórica jornada Nota al Pie te cuenta los avances producidos a partir de su sanción; y los obstáculos que aún restan superar para garantizar, en todo el país, el cumplimiento pleno del derecho a decidir.
Derecho a la Información
El 28 de mayo de 2021 el Ministerio de Salud de la Nación presentó la actualización del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo”.
Sin embargo, a pesar de los avances producidos a lo largo de este primer año, queda mucho por hacer en materia de políticas públicas para garantizar el pleno cumplimiento de la ley en todo el país.
«Durante el primer año de vigencia de la ley, no se realizaron campañas de difusión sobre el derecho al aborto y aún existen muchos rincones del país en donde las mujeres desconocen a qué hay derecho, en qué condiciones, dónde acceder a la prestación, su gratuidad, quiénes están obligados a garantizarlo y en dónde se pueden realizar reclamos ante dilaciones o barreras en el acceso al aborto» Anmistía Internacional. Video: Facebook de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.
En este sentido Amnistía Internacional presentó el informe “No se ejerce un derecho que se desconoce”, en el cual señala una gran deuda pendiente del Estado. “No hay datos oficiales a nivel nacional y jurisdiccional —en numerosas provincias—sobre el número de interrupciones de embarazos realizados en el sistema de salud desde la sanción de la ley; las edades de las mujeres y personas con capacidad de gestar que accedieron a la prestación; en qué plazo; cuántas interrupciones se realizaron con medicamentos y cuántas con intervención quirúrgica, cuántas denuncias hubo por barreras en el acceso y qué repuestas obtuvieron, entre otras cuestiones”, afirma el documento.
«Testimonios de mujeres en Provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero, entre otras, indican que tuvieron que llamar varias veces para lograr comunicarse a la línea de salud sexual, o que los intentos fueron infructuosos y por eso recurrieron a vías alternativas» Amnistía Internacional. Crédito: Camila Villalba, Nota al Pie.
Si bien existen datos como la cantidad de llamados realizados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación; y otros obtenidos de observatorios u organizaciones feministas, resulta indispensable, tal como lo señala Amnistía Internacional, el desarrollo de políticas públicas “que garanticen la disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva; la capacitación a profesionales de la salud; el acceso al misoprostol; la comercialización de la mifepristona; fortalecer el acceso a la atención post evento obstétrico; robustecer el ejercicio de la educación sexual integral (ESI); y garantizar el acceso a la información para el empoderamiento legal de las personas gestantes”. Sobre todo, en las jurisdicciones del interior del país.
Logros a un año de la sanción de la ley
Según informa la Red de Docentes por el Derecho al Aborto, al 30 de noviembre son 32.758 las interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público.
En el marco de generar políticas que garanticen el pleno cumplimiento de la ley, en todo el territorio nacional CEDES e Ibis Reproductive Health crearon el Proyecto Mirar, a través del cual realizaron un informe de la implementación de políticas públicas de acceso al aborto legal en la Argentina. El documento completo puede descargarse en el repositorio digital de CEDES.
El objetivo de este proyecto es contribuir a generar conocimiento con información consolidada y fidedigna, que amplie el acceso al aborto seguro; como así también sostener la participación ciudadana y orientar la toma de decisiones de la política pública en pos del cumplimiento de derechos y una mejor calidad de atención.
Desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) informaron que desde la aplicación de la ley se capacitó a más de 1.500 profesionales, se conformó un equipo para brindar asesoramiento jurídico a las 24 jurisdicciones del país; se iniciaron dos procesos de compra por un total de 100.000 tratamientos de misoprostol de 200 microgramos; de los cuales se distribuyeron durante el primer semestre 2021 15.445 tratamientos; y para dar seguimiento a la implementación de la ley en las diversas provincias, se estableció una agenda de reuniones federales frecuentes con quienes tienen a cargo las áreas jurisdiccionales de salud sexual y reproductiva.
Por su parte, la provincia de Buenos Aires informó que durante el primer semestre de 2021 se sumaron 45 nuevos centros de salud y hospitales para garantizar el acceso al aborto, llegando a 449 establecimientos públicos que cumplen con la ley.
«Garantizar derechos no es delito«
Según datos de un relevamiento realizado por Amnistía Internacional durante el primer semestre 2021, desde la sanción de la ley se presentaron al menos 33 acciones judiciales de las cuales 29 buscaron que se declare la inconstitucionalidad de la ley, tres demandaron penal y civilmente a los responsables de su aprobación y, al menos una buscó, sin éxito, impedir que una mujer accediera a su derecho. Ninguna de estas presentaciones logró prosperar en su intento por detener el avance de la ley.
Por otra parte, en muchos lugares del país continúa la persecución y criminalización de profesionales que asisten a quienes deciden realizarse un aborto, como es el caso de Miranda Ruiz, la médica salteña imputada por actuar en cumplimiento de la ley. Bajo la premisa de que «garantizar derechos no es delito» la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito continúa la lucha por el sobreseimiento de Miranda; y hasta lograr el compromiso de todos los poderes del estado y las instituciones involucradas para que se garanticen los derechos de las mujeres y disidencias sexuales.
Desde la organización de la campaña exigen:
- La efectiva implementación de la Ley 27.610 de aborto voluntario en todo el país.
- Educación Sexual Integral en todas las escuelas.
- Libertad a las presas por abortos y eventos obstétricos.
- El sobreseimiento inmediato de Miranda Ruiz.
Línea de Salud Sexual
La Línea de Salud Sexual es un espacio de consulta creado en 2010. Brinda atención personalizada y facilita el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el país. A través de los informes presentados por el Ministerio de Salud de la Nación hasta agosto de 2021, en relación a los llamados de consultas por IVE/ILE, te mostramos los datos obtenidos.
Asistencia para acompañar la decisión de abortar
Gracias a la información proporcionada por Socorristas en Red al Proyecto Mirar también fue posible contar con la siguiente información:
Frente a la decisión de Interrupción del Embarazo, además de las Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva, también existen colectivas feministas que trabajan hace más de 15 años; y fueron parte fundamental de la marea verde que logró la conquista de la ley IVE, entre ellas la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, y Socorristas en Red.
La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir es un entramado de más de 700 equipos de salud; cuenta con más de 2000 profesionales dentro del sistema de salud de todo el país. Desde su página web se puede acceder al mapa interactivo con sus respectivas vías de comunicación, para garantizar la realización abortos seguros.
A un año de la ley IVE desde Nota al Pie celebramos los avances conseguidos a partir de aquella histórica jornada.