El último martes se organizaron movilizaciones para exigir justicia por el “asesinato” de Elías Garay. Según un comunicado de prensa de esta comunidad, el joven fue fusilado en el territorio recuperado (Cuesta del Ternero de la Provincia de Rio Negro). En el mismo ataque fue herido Gonzalo Cabrera.
Esta acción del pueblo Mapuche intenta multiplicar las comunicaciones y la difusión ante la orden de desalojo que dispuso el Juez Provincial Ricardo Calcagno para el próximo 23 de diciembre. En esa fecha vence el plazo que dispuso la justicia y habría un desalojo de la ocupación Mapuche en dicha localidad.
La parte demandante se trata del empresario Rolando Rocco que posee un permiso de explotación forestal de la región cedida por el Gobierno de Rio Negro desde el año 1981. Rocco y su familia solicitaron a la justicia la restitución del territorio ocupado en septiembre del 2021 por el pueblo Lof Quemquemtrew.
Medidas de la justicia
El Juez de garantías, Ricardo Calcagno, otorgó como plazo el 23 de diciembre para que cuatro integrantes de la comunidad que ocupan el paraje Cuesta del Ternero desalojen de manera voluntaria el predio al que ingresaron el 18 de septiembre. De no hacerlo, la Fiscalía Rionegrina está habilitada para concretar el desalojo forzoso a través de la fuerza pública.
La decisión del magistrado hace lugar al reclamo del abogado querellante, Ernesto Saavedra, y la Jefa de la Fiscalía de Bariloche Betiana Cendón. La medida de la justicia comprende a los comuneros Juan Cruz Baeza, Lautaro Cárdenas Despo, Alejandro Morales Godoy y Mauro Vargas.
La respuesta de los pueblos ancestrales
Romina Jones, una de las referentes de este pueblo, difundió un audio al que tuvo acceso Nota al Pie dónde declara que se dio fecha para una audiencia de impugnación del plazo de desalojo “para el 27 de este mes. Sin embargo, el desalojo queda vigente para el día de mañana”.
La comunidad recibió una oferta de parte de la querella que la referente considera “nefasta”. Los demandantes ofrecen una reducida cantidad de hectáreas para un pequeño número de miembros, trabajo sin remuneración y el acceso controlado para otros integrantes de la comunidad para eventos ceremoniales.
Jones considera que fue Rolando Rocco, quién a través de su abogado ofrece este acuerdo (que la comunidad rechaza) y que “muestra a las claras la perversidad de quién mandó a matar a Elías Garay”.
El primer plazo de restitución forzosa había sido ordenado para el pasado 24 de septiembre contra esos cuatro integrantes más dos mujeres. Esa medida no se concretó debido a los hechos violentos que terminaron con la muerte de Elías Garay y algunos heridos, a causa de la acción de la fuerza pública provincial.