El acto convocado por CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) expuso junto a familias víctimas de la represión un informe que reúne toda la información sobre las personas que fueron asesinadas por la violencia institucional.
En el inicio del evento se presentó un sin fin de casos mediante un video en el cual aparecen familiares de las víctimas.A su vez, debido al aniversario de la Crisis del 2001, la organización reivindicó la memoria de todas las personas que fueron asesinadas el 20 de diciembre, incluyendo su compañero Carlos Almirón.
La organización sostiene que los casos de gatillo fácil bajarían un 50% si las fuerzas armadas no tuvieran el arma reglamentaria cuando se encuentran de civil. El informe expuesto comunicó que se redujeron los casos de gatillo fácil por parte de la seguridad portuaria. A los mismos se les prohibió la tenencia de armas. No así con lo que respecta a la Policía de la Ciudad.
Medidas Positivas
La organización estableció como positivas, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional como la derogación de los «Protocolos (Patricia) Bullrich», ex ministra de Seguridad durante la presidencia de Mauricio Macri. Entre ellas, se estableció la prohibición a la policía de seguridad aeroportuaria de llevar el arma reglamentaria y la derogación del protocolo para detención de personas del colectivo LGTBIQ+.
A su vez, se realizó la derogación de la Resolución 845/2019 que sistematizaba y masificaba la intercepción y detención de personas “para identificar” en las estaciones de trenes. También se estableció la derogación de la Resolución 598/2019 que creó el “Servicio Cívico Voluntario en Valores” a cargo de GNA (Gendarmería Nacional Argentina), para adoctrinar y militarizar a la juventud.
Finalmente, se produjo la derogación de la Resolución 395/2019 que aprobó el uso de las picanas Taser y la revocación de la Resolución 932/2019 que creó el “Centro de Formación de Gendarmes” en la Unidad Turística Chapadmalal, ubicada en dicha localidad de la costa atlántica bonaerense.
Gatillo fácil y represión en números
La actualización y presentación del archivo fue realizado por la organización para aportar al análisis de la situación que vive el país. Además, se busca generar conciencia popular sobre la represión cotidiana. Desde 1983 hasta el 2021 las fuerzas del estado asesinaron a 8172 personas. De ese valor, el 50,99% fue muerte en cárcel, comisaría o bajo custodia.
En lo que va del Gobierno de Alberto Fernandez, fueron asesinadas 671 personas. De ese total, 209 fueron los afectados por gatillo fácil. En cuanto al rango de edad no hay datos. Según explica el informe, debido a la emergencia sanitaria se amplió los registros. Este se contabilizó sin el dato de edad de los casos de muertes en unidades penitenciarias y comisarías.
Establecen que de los casos conocidos, el segmento de mayores de 45 años se duplicó, disminuyendo de manera proporcional los segmentos de menor edad. Sin embargo, si hay datos sobre las edades entre 1983 – 2021, el 38% de los casos de asesinato fueron de personas de 15 a 25 años.
Los números en pandemia
Con el inicio de la pandemia devinieron medidas para el control de la circulación de población. El gobierno amplió los recursos de las fuerzas de seguridad para que hagan cumplir las medidas sanitarias. Durante el 2020 la policía reprimió en los desalojos de Guernica (Buenos Aires), como también estuvieron relacionados con la desaparición y muerte de Luis Espinoza en Tucuman y Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires. Los datos del informe registran 537 muertes a manos del aparato represivo estatal, de las cuales 384 fueron en lugares de detención.
La coordinadora sostiene que este año hubo menos denuncias vinculadas al cumplimiento de las medidas de aislamiento por el pase a la etapa DISPO pero no hubo cambios en las cifras de gatillo fácil y agregan que la a criminalización de la protesta estuvo a la orden del día, como sucedió con les asambleistas contra la mina de Andalgalá (Catamarca).
Efectivos del grupo antimotines forzaron el ingreso a viviendas de vecines. Esto dió como resultado detenciones masivas y graves imputaciones o como sucedió con les trabajadores desocupades y trabajadores de la salud en el Puente Pueyrredón. El caso más reciente con respecto a las protestas es el caso de Chubut, cuya población se movilizó por la imposición de la ley de zonificación de la actividad minera.