En la localidad de Villa Allende, en el sector de Sierra Chicas, Córdoba, esperan que la Justicia avance en su investigación por dos denuncias de abuso contra un integrante de la Iglesia mormona; también llamada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días.
La primera denuncia se produjo en el año 2017 contra un hombre llamado Marcelo Moreno, quien tenía un cargo importante dentro de la institución. La víctima tenía 14 años al momento de los hechos. En la actualidad, el acusado se encuentra detenido.
Se presume que la iglesia “habría pagado la cifra de 4 millones y medio de pesos. Esto fue para que el caso no se denunciara y no tomara estado público”, según informó a FARCO el periodista Tito Guzmán desde Radio Sur de Córdoba.
En las últimas horas otra joven sumó una denuncia contra Moreno, al asegurar que también fue víctima de abuso sexual a los 5 años de edad. La iglesia emitió un comunicado oficial acerca de lo sucedido y reconoció los hechos pero intentó separarse del caso.
Las dificultades al denunciar
Un integrante del colectivo Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Daniel Vega, declaró a Radio Sur de Córdoba sobre este caso. “Uno tiende a culparse en estos ámbitos que están cercados por las religiones; como que parece siempre que el culpable fuera uno y también el miedo a que no le crean”, explicó.
Además, remarcó que “generalmente son personas que tienen una autoridad dentro de las iglesias. Entonces acusar a alguien que es, quizás muy popular, muy querido y demás, también tiene su consecuencia. Un montón de veces ha pasado de no creer o que no sea posible que esa persona quede presa”.
En el mismo sentido, el integrante de la red sostuvo que “son lamentablemente situaciones que pasan; en casi todas las que fuimos víctimas de abusos dentro de ámbitos religiosos. Por eso es que; no es que sea más ni menos terrible que cualquier otro abuso. Sino que tiene, digamos, otras consecuencias dado el poder de estas instituciones”.
El comunicado de la Iglesia
Desde la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días emitieron un comunicado donde reconocieron el hecho: “Como seguidores de Jesucristo, condenamos el abuso en cualquier de sus formas. La postura de la Iglesia es que el abuso no se puede tolerar y quienes ejercen abuso son responsables ante Dios y ante los tribunales correspondientes”. Sin embargo, hacen referencia a un acuerdo de “confidencialidad” firmado entre las partes.
Sobre este acuerdo, el fiscal Marcelo Hidalgo declaró a Radio Universidad sobre la causa: “Las cláusulas son absolutamente de nulidad absoluta e inválidas, se obliga a la familia de la niña a mantener silencio y de liberar de toda responsabilidad a esta Iglesia”. El profesional definió el contrato como “siniestro, deplorable y sórdido”, y opinó que “el convenio que se firmó es casi tan detestable, como lo que le pasó a esta niña”.