Esta mañana, funcionaries del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Fiscalía 11 del distrito porteño desalojaron a unas 100 familias de una toma. La misma se encontraba en un terreno previamente conocido como «La Containera». El terreno está en la intersección de La Pampa y Ciervo de Los Andes, en las inmediaciones del Barrio 31 de Retiro.
Aproximadamente hace 3 meses se instalaron allí, junto con sus familias, mujeres víctimas de violencia de género que no tenían vivienda. El colectivo se hace llamar «La fuerza de las mujeres», en referencia a la mayoría de integrantes de la toma.
A pesar de que hubo aviso previo de posible desalojo, les vecines no esperaban que sea de esta manera, ya que minutos después de las 8.00, efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, rodearon el predio donde se habían asentado las familias y comenzaron a tirar abajo las casillas, además de prenderles fuego.
Nota al Pie se comunicó con el abogado y representante de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Ramiro Geber, quien brindó detalles de la situación.
Una mesa de diálogo que no prosperó
Les integrantes de APDH amanecieron esta mañana con la noticia del desalojo. Geber confirma que les vecines, contrario a lo que afirman desde el GCBA, querían una mesa de diálogo que al final nunca se constituyó.
“En el marco de esa mesa de diálogo, en una presentación del mes de agosto, se había impulsado la posibilidad de que haya un representante del Instituto de Vivienda de la Ciudad, uno del Gobierno de la Ciudad que tenga poder de decisión, un representante del Ministerio Tutelar, Defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y los Organismos de Derechos Humanos. Hicimos toda una presentación en relación a eso para constituir una mesa de diálogo. El Gobierno nunca quiso, y a la Fiscalía no sé si le preocupó o no, construir y constituir (la mesa de diálogo)”, detalló el abogado.
La Fiscalía insistió en hacer un Censo y les integrantes de la toma no estuvieron de acuerdo. Por eso, Geber duda de las motivaciones de por parte de la Fiscalía en esta situación.
“El único interés por parte de la Fiscalía era hacer un censo para ver de imputar a la mayor cantidad de gente posible. Eso fue rechazado por los vecinos ya que ese censo perseguía cuestión persecutoria, porque no aseguraban que con ese censo se iban a brindar las soluciones habitacionales respectivas. Porque cuando le solicitamos y en las charlas que tuvimos con la Fiscalía, en torno a que, si los vecinos y vecinas se censaban, si ese censo no iba a ser utilizado a los efectos de una imputación colectiva, me dijeron que no lo podía garantizar”, afirmó.
La versión oficial
El 30 de junio, mediante un comunicado oficial, el Gobierno de la Ciudad informó que «alrededor de 50 personas tomaron un terreno público porteño de manera ilegal». Y, a diferencia de la versión de les vecines, decían que «desde el primer momento, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA apeló al diálogo e implementó distintas estrategias de acercamiento en busca de soluciones conjuntas sin éxito». Entonces, «ante este escenario, fue necesario acudir a la Justicia”.
Según el escrito oficial, «El terreno tomado es un espacio clave para el avance de la urbanización y un paso más hacia la integración social, ya que está destinado a la construcción de una escuela para los chicos del barrio. Una vez en funcionamiento, contará con nivel inicial y primario y tendrá capacidad para que asistan alrededor de 210 alumnos».
Sin embargo, Gebel no considera real estas afirmaciones por parte de la Ciudad. “Queda a la vista que lo único que quiso el Gobierno de la Ciudad es emplear el uso de la fuerza sin brindar solución a la cuestión habitacional, en relación a los derechos que le asisten a quien esté ahí, enmarcaradas en una situación de violencia de género y con chicos”.
Desalojo violento: detenides, familias golpeadas y niñes intoxicades.
Con respecto al desalojo producido esta mañana, cree que “fue compulsivo, fue violento, no siguió los protocolos debidos y no hay soluciones habitacionales. Y una vez más el Gobierno de la Ciudad, quien dice profundizar el diálogo, cortó todo diálogo, no quiso sentarse en una mesa, no quiso brindar soluciones habitacionales y utilizó la fuerza a través del Poder Judicial”, dijo para finalizar.
Ante esta situación, las mujeres y sus familias desconocen dónde van a vivir y si se les brindará, como dice Gelber, una solución habitacional.
El derecho a una vivienda digna es algo fundamental para cualquier persona y así lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Al cierre de esta nota, seguían los desalojos y había detenides. Además, la última información es que dos niñes fueron atendidos por intoxicación debido al humo de las casillas quemadas. Además, algunas personas fueron golpeadas.