El gobierno lanzó el programa Registradas para la recuperación económica, la generación de empleo e inclusión social de las trabajadoras de casas particulares. En articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) diseñó este proyecto con el objetivo de promover el acceso de las trabajadoras de casas particulares al empleo formal, asegurar su permanencia e incentivar su bancarización.
“El Programa registradas busca y tiene una implicancia central en la visibilización y el reconocimiento del trabajo de cuidados. Este sector, históricamente feminizado y precarizado, es central para mover la economía y la vida misma, porque garantiza la cotidianeidad. A través del programa, el Estado busca reconocer, acompañar, registrar y remunerar ese trabajo. Es un programa que pone en el centro de la política pública a la vida y a quienes la sostienen, que somos las mujeres y otras identidades feminizadas”, asegura Pilar Escalante, subsecretarias de Políticas Públicas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, en diálogo con Nota al Pie.
La política surge a raíz de un diagnóstico que realizó el MMGyD. A partir de él pudieron determinar que las mujeres, que son quienes constituyen hoy más del 98% de quienes realizan estas tareas, ganan un sueldo mensual de $13.000. En promedio trabajan 17 horas semanales y la informalidad en el sector supera el 69%, esto limita el acceso a la bancarización y supone obstáculos para permanecer en el empleo. Por otro lado, el 64% de las trabajadoras de casas particulares vive en hogares que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza.
Un programa necesario
De esta manera, el programa Registradas se vuelve indispensable a la hora de reducir la informalidad y asegurar la permanencia para estas mujeres. En ese sentido, cabe resaltar que acorde con un informe de Economía Femini(sta), durante el primer trimestre del 2021, se contabilizaron 630 mil personas que componen el sector.
Mientras que en el en el cuarto trimestre del 2019, antes de la pandemia, la cifra ascendía a 900 mil. Es decir que durante el 2020, un tercio del sector se quedó sin empleo o cayó en la informalidad.
“Durante la pandemia vimos un movimiento de dos caras: al mismo tiempo que veíamos la importancia del trabajo de cuidados en cada hogar ante el aislamiento, cómo se profundizaba la carga de tareas como el cuidado de niños y niñas, el garantizar el alimento, la limpieza, el acompañamiento de adultos mayores o personas con discapacidad; aquellas mujeres que realizaban esos trabajos, los perdieron. Se calcula que 280 mil puestos de trabajo en casas particulares se perdieron durante la pandemia. Además, se trataba en su mayoría puestos no registrados. El alto nivel de precarización e informalidad que hay en este sector puso a las trabajadoras en mayor riesgo”, advierte Escalante.
Trabajo en hogares particulares
Hoy, las tareas domésticas y de cuidado en hogares particulares representan un 16% dentro del total de mujeres asalariadas. Esto significa que alrededor de 1 de cada 6 tiene como ocupación principal el trabajo en hogares particulares. Se trata de la ocupación asalariada más popular entre las mujeres.
Sin embargo, antes de la pandemia, la incidencia de este rubro era incluso mayor: las tareas domésticas representaban un 21% dentro del total de ocupadas-asalariadas. O sea que dentro de las mujeres que trabajan en relación de dependencia, alrededor de 1 de cada 5 tiene como ocupación principal el trabajo en hogares particulares.
“En este contexto, el programa Registradas se vuelve central para reconocer su trabajo, acompañar la generación de nuevos puestos desde el Estado, y que sean registrados. Que tengan acceso, no sólo al seguro social y a los derechos que eso implica, sino también a la bancarización, a la inclusión financiera. Durante la pandemia, se dio que muchas trabajadoras no podían cobrar sus salarios puesto que no estaban bancarizadas. Entonces, Registradas busca dar respuesta a distintas aristas de las problemáticas del sector que se vieron profundizadas durante la pandemia”, concluye la funcionaria.
¿Qué propone el programa y cómo funciona?
Para incentivar a la parte empleadora a inscribir a la trabajadora en AFIP, el Estado se hará cargo de un porcentaje del sueldo durante seis meses. Asimismo, le empleadore deberá comprometerse a mantener el puesto de trabajo durante por lo menos 4 meses. También deberá pagar los aportes y las contribuciones.
El Estado abrirá una de manera gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco de la Nación, en donde le transferirá entre el 30 y el 50% de su salario. El resto correrá por cuenta de le empleadore.
Para aquelles empleadores cuyos ingresos brutos sean menores de $122.500, el Estado subsidiará el 50% de la remuneración neta mensual según el convenio colectivo del sector. En cambio, cuando el ingreso sea de entre $122.500 y $175.000, será del 30% de la remuneración neta mensual. En todos los casos, el beneficio no podrá superar los $15.000 mensuales.
La inscripción al Programa debe solicitarla la parte empleadora y está abierta hasta el 31 de diciembre del 2021. Les empleadores podrán registrar solamente a una trabajadora, la cual deberá tener una carga horaria de, como mínimo, 12 hs.