“El fútbol tiene que ser con público”, afirmó Aníbal Fernández hace una semana. Y en las próximas horas, de no mediar inconvenientes con respecto a los protocolos establecidos y con el aval del Gobierno Nacional, que aún no ha publicado el DNU confirmatorio, el público regresará a los estadios de fútbol. La prueba de fuego será en la primera división de la Argentina, en donde los clubes podrán presentar un aforo total del 50% de su capacidad, sin hinchas visitantes.
En los últimos días, la obligatoriedad de tener aplicada la primera dosis contra el Covid-19 para mayores de 18 años modificó la planificación de los clubes, que deberán revisar los protocolos previamente establecidos. Además, el atraso de la publicación del DNU provoca que la organización aún desconozca cómo proceder. A partir de este inconveniente en la comunicación surgen varios interrogantes: ¿Quién se hace cargo de controlar a los hinchas? ¿Los clubes, la seguridad policial o habrá especialistas en las intermediaciones de los estadios?
Pese a los detalles en cuanto a la organización, que todavía no se encuentran pulidos, el Ministro de Seguridad dejó otra afirmación contundente: “¿Tan bestias seremos que no podemos tener visitantes? Yo creo que se puede hacer”. Este comentario realizado por Fernández para el programa Argenzuela en Radio 10 (AM 710) difiere con una realidad del fútbol argentino, donde más allá de no haber garantías de seguridad para los hinchas locales, mucho menos existe ese mismo derecho para cubrir a la parcialidad visitante.
Un problema mayor
El fútbol argentino atraviesa casi 18 meses sin recibir simpatizantes en sus estadios. La pandemia privó al público de disfrutar de un partido, y con el regreso de los mismos, las garantías organizativas están en juego. La seguridad tampoco es una fija, y la realidad está lejos de recibir a las parcialidades visitantes, situación adversa desde el año 2013. En este panorama de dudas, surge un problema mayor y de un calibre mucho más complejo: los barrabravas.
Sabiéndose el aforo consensuado para cada entidad deportiva, la pregunta surge necesariamente: ¿los barrabravas estarán presentes en el regreso del público a las canchas?. En las últimas horas, los hechos de violencia en las inmediaciones del estadio de Independiente de Avellaneda hacen creer que el negocio pretende mantenerse vigente. Además, el hallazgo de un “búnker” perteneciente a la barra de Newells en Rosario, reafirma su posición permanente en el negocio del fútbol.
Hechos de violencia
Al desarrollar estos casos en profundidad, la anunciada vuelta del público a los estadios reactivó el conflicto entre los grupos violentos que quieren liderar la popular de Independiente, que además buscan posicionarse pensando en las elecciones que habrá a fin de año en la institución. La necesidad por facturar, después de un año y medio sin acceso a las tribunas, reactiva la violencia con la que se manejan y se desenvuelven. Los hechos de violencia también se sucedieron en cercanías al Colegio Pio XII, tras una balacera entre grupos disidentes.
En el estadio Marcelo Bielsa de Rosario no hubo hechos de violencia, pero sí un atenuante marcado de la preponderancia de los barras. Según estableció un vocero de la Fiscalía rosarina, “se desarmó la sala-búnker fortificada que la barra brava tenía dentro del estadio. Esta instalación, ubicada frente a la herrería del club, se trataba de una cámara blindada por una serie de puertas de hierro con varias cerraduras de alta seguridad cada una y una alarma interna con clave digital».
Una historia de violencia
En 1985, Adrián Scasserra pisaba por primera y última vez un estadio de fútbol. El fatídico 7 de abril de ese año, en el estadio de Independiente, el joven de tan solo 14 años murió asesinado por un balazo tras un inconveniente entre hinchas de Boca y la policía bonaerense. Tras su asesinato, se sancionó la Ley Federal 23.184 de regulación de la violencia en los espectáculos. Esta ley preveía castigos penales para delitos realizados en el ámbito del espectáculo y sanciona algunas prácticas concretas (porte de armas, formación de grupos, alteración de transportes urbanos).
Si bien muchas partes de esta ley estaban pensadas en función del factor de riesgo que personifican las “barras bravas”, en ningún pasaje de la misma figura una definición de lo que se entiende por “barras bravas”. Al ser tan invisibilizada la definición, la interpretación de la ley permitía reproducir, por lo tanto, los sentidos construidos por los medios de comunicación y ayudaba a legitimar el enfoque policial dominante, cuyos ejes eran la estigmatización, la simplificación y la criminalización. Eso ha llevado a una incorrecta implementación de la misma.
Incremento en números
Las dudas en lo conceptual y en el proceder ante los hechos de violencia por parte de los medios, la policía y la ley principalmente, ha permitido que el desenvolver de estos sujetos se haya incrementado en los últimos años. Desde la primera víctima por violencia en la Argentina en 1922 hasta el fin de la dictadura en 1983, fallecieron en promedio dos personas por año. Sin embargo, ese número ha aumentado con la llegada de la democracia y entre 1984 y 2017 han fallecido 210 personas, un doloroso porcentaje de 6 fatalidades anuales.
Estos números fríos y contundentes constatados en el documento realizado por Diego Murzi y Fernando Segura Millan Trejo: Hacia un mapa de la “Violencia en el fútbol”: actores, dinámicas, respuestas públicas y desafíos en el caso de Argentina y con el aporte estadístico de la ONG Salvemos al Fútbol solo vislumbran un panorama desalentador. La realidad es que las políticas públicas establecidas para paliar esta situación solo han generado el incremento del poder de estos grupos.
El Estado, un aporte más
Los controles en los estadios cada vez más rigurosos para el público común no han sido un problema para los barrabravas. Los ejemplos mencionados de Independiente y Newell’s dan cuenta de protección por parte de las autoridades de ambos clubes.
En muchas ocasiones, ese poder obtenido por los barras les ha permitido escalar posiciones en los estándares públicos. Es lógico determinar que muchos de estos sujetos participan de la política nacional, al portar las banderas de los candidatos sin importar la agrupación política que les requiera. En muchas ocasiones, esa presencia en el Estado nacional ha generado dolores de cabeza.
Sin ir más lejos, entre 2010 y 2014, existió la organización Hinchadas Unidas Argentinas. El mismo consistía en la agrupación de barrabravas de distintos equipos del país, liderado por Pablo “Bebote” Álvarez, quien fuera el líder de la hinchada de Independiente. Su fundación tuvo el aval del dirigente oficialista Marcelo Mallo, quien conceptualmente definió como un grupo que tenía como objetivo «que no haya violencia en el fútbol».
Dominio público
Sin embargo, sus actos delictivos y violentos en el Mundial de Sudáfrica 2010 recorrieron la vuelta al mundo, demostrando fehacientemente que en la Argentina los barrabravas tenían dominio público y relevancia política. En definitiva, el panorama actual muestra una inmadurez en las políticas públicas para prevenir a estos grupos, que en muchos casos, ya caminan los pasillos de la política nacional. La protección, más allá de las imágenes que buscan demostrar cierta intención de frenar a estos grupos, solo genera el deseo de disfrutar un partido de fútbol desde la comodidad del hogar.
Sin respuestas del Estado aún con respecto a la accesibilidad del público normal a los estadios, el proceder de los próximos días es una incógnita. Sin embargo, los últimos hechos violentos han vislumbrado un camino: los mismos de siempre están preparados para volver al ruedo, a ocupar el lugar que se les permitió y lejos están de dejar ir. En donde el Estado brilla por su ausencia, la violencia estará alentando desde las tribunas, lugar en donde el público general no podrá disfrutar.