En la provincia de La Pampa, avanza el tercer juicio oral por delitos de lesa humanidad y contra la integridad sexual de les victimes durante la dictadura militar. Los acusados son exmilitares y expolicías que actuaban sobre la denominada Subzona 1.4.
Es la primera vez en esta provincia, que las víctimas revelaron los tormentos sexuales que sufrieron mientras estaban secuestradas. De las 197 personas que declararon contra les acusades, al menos 2 fueron víctimas de abuso sexual.
La causa se encuentra a cargo del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa y fue elevada a juicio en 2018 por los delitos cometidos entre 1975 y 1982. Actualmente, se desarrolla el debate en el Aula Magna de la Universidad Nacional de La Pampa.
Los delitos
A partir del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico militar en 1976, el Comando Militar de la Sub Zona 1.4 asumió el control operacional de la Policía de La Pampa. Entonces, se conformó el grupo de tareas que se dedicaría a perseguir y secuestrar a aquelles persones consideradas ‘’subversivas’’ o de ideología de izquierda.
Los acusados son Humberto Riffaldi, jefe del Departamento de Informaciones de la Policía de la Pampa, Jorge Omar De Bartolo, quien fuera oficial de Logística; el ex policía Carlos Reinhart y los ex militares Luis Baraldini y Néstor Greppi.
Estos hombres fueron acusades de privaciones ilegales de libertad y tormentos contra 197 personas. Los últimos cuatro mencionados están también acusades de cometer delitos de abuso sexual deshonesto con acceso carnal contra dos personas luego de haberlas secuestrado.
Les perjudicades
Las dos víctimas, luego de años de revivir los recuerdos del secuestro y la tortura, pudieron confesar que también fueron abusadas sexualmente. Stella Maris Barrios fue la primera mujer que denunció los crímenes sexuales de la Sub Zona 1.4, en el año 2010.
En el primer juicio contra los represores, Stella declaró que fue secuestrada y violada por al menos 3 agresores en el traslado desde la Comisaría de Pico hasta Santa Rosa. Posteriormente, la dejaron irse bajo el régimen de ‘’libertad vigilada’’. Stella falleció de cáncer poco tiempo después de iniciado el proceso judicial, y es su hija Mariana quien hoy se sienta frente al Tribunal a exigir justicia por su madre.
Por su parte, Antonio Nolberto Ponce había declarado como testigo en el segundo juicio. En esta oportunidad, Ponce declaró como víctima que los militares y policías lo torturaron con prácticas asfixiantes y con picana. Por primera vez desde el hecho, confesó que también sufrió vejaciones sexuales.
De las 197 víctimas, 72 ya fallecieron. Sus familias y quienes aún viven, esperan la condena correspondiente a los perpetradores de tan horrorosos crímenes.