El gobierno chileno, a cargo del presidente Sebastián Piñera, reclama 5000 km2 pertenecientes a la plataforma continental argentina, en el sur del país. Pero el Bloque Argentino de Unión de Parlamentarios del Mercosur (Parlasur) rechazó esta nueva demarcación marítima de Chile.
Desde la Cancillería, a cargo de Felipe Solá, también fue rechazada. Mediante un comunicado, expresó que la plataforma continental argentina que aprobó por unanimidad el Congreso es la que definió Naciones Unidas (ONU).
La disputa territorial con Chile tiene larga trayectoria. En 1856 se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre ambos países, pero había sectores que no eran conocidos o no estaban cartografiados. Años más tarde, en 1881 se estableció el Tratado de Límites, que corrigió algunas falencias en el Protocolo de Límites de 1893.
Allí se determinaba: «Chile en el Pacífico y Argentina en el Atlántico». En 1902 se proclamó el Tratado General de Arbitraje, que pretendía reparar algunas controversias que permanecían. Fue la base legal del Laudo Arbitral de 1977.
Ampliando a detalle lo comentado en la primera parte, Nota Al Pie entrevistó al Licenciado en Relaciones Exteriores Mariano Del Pópolo. El mismo se encargó de dar a conocer más en detalle sobre las cuestiones relativas a este conflicto marítimo.
Pacta sunt servanda
Los límites entre los países se establecen a través de acuerdos que luego son compartidos con la comunidad internacional. El Lic. Del Pópolo explicó que “cada país tiene el derecho de establecer sus propios límites, siempre y cuando no entre en conflicto con los límites de otro país”. Si eso ocurre, se debe recurrir a un tratado o acuerdo por escrito, a través de Naciones Unidas. Si nadie establece una objeción, esto queda formalizado.
“Argentina y Chile tienen una historia de diferencias en la demarcación de la frontera de los territorios de cada país. Es de larga data, se remonta a mediados del siglo XIX y continúa durante todo el siglo XX. A partir del retorno de la democracia en Argentina, empieza de a poco a resolverse”, comentó.
Cuando en 1990 asumió el gobierno de Patricio Aylwin, el primer presidente después de la dictadura de Pinochet, esto avanzó con mayor rapidez. “A partir de ahí se establecen una serie de acuerdos entre ambos países que demarcan los límites y fronteras de cada uno y buscan resolver los diferendos históricos entre ambos países”, agregó.
“Chile lo que hace es negar un acuerdo que previamente firmaron ambos gobiernos en el año 1984 respecto a lo que tiene que ver con la zona en disputa entre ambos países”. Añadió que “respecto a si es legal o no, la respuesta es no”. Los países firman tratados bajo el Principio de la buena fe, que ordena el derecho internacional.
Esto se manifiesta como Pacta sunt servanda, es decir, todo tratado debe ser fielmente cumplido según lo pactado. “Se supone que si uno se compromete con otro país a determinada cosa, lo hace para cumplirlo. Si uno no lo cumple, está fuera del derecho”, sentenció. “Objetivamente lo que decretó Chile no es legal porque ambos países tenían un tratado firmado en 1984 que establecía determinadas fronteras. Por lo tanto el gobierno publica un mapa que desconoce parte de lo pactado”.
Camino al acuerdo
Hay distintas formas de resolver controversias territoriales entre los países. Una de ellas es la negociación para poder llegar a acuerdos que contemplen la buena voluntad y el compromiso entre ambas partes. “La tradición entre Argentina y Chile consta de una serie de mesas de negociación y comisiones mixtas, entre otras. A través de las cuales ambos países fueron negociando y llegando a un acuerdo respecto de las demarcaciones territoriales. Es en definitiva la forma en la que uno espera que esto se resuelva”, comentó.
“Hay otras formas de resolver las diferencias que tienen que ver con procesos de negociación a nivel internacional como puede ser un laudo arbitral”. Esto es una mediación en la cual interviene un árbitro cuya decisión pone fin a un litigio. “Un ejemplo de un laudo arbitral puede ser ir a la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte Internacional es la que podría resolver la situación en caso de que los países no lleguen a un acuerdo.
“Es muy poco probable que esto ocurra porque Argentina y Chile tienen, en los últimos 30 años, una tradición de resolver sus diferencias a través de la negociación y del diálogo bilateral. Lo más probable es que si en el corto plazo este conflicto continúa, la forma de resolverlo sea a través de la negociación bilateral”, aclaró.
El Lic. Del Pópolo considera que este hecho hay que interpretarlo en el contexto político y social de la época. “Chile atraviesa un momento político muy particular que tiene que ver con una fuerte crisis de representación. En el año 2019 se produjeron una serie de movilizaciones en contra del sistema político y en contra del modelo económico chileno y sus desigualdades”, explicó.
Agregó que “en ese marco de fuerte crisis política, la derecha chilena particularmente está atravesando una fuerte crisis de legitimidad y representatividad. A punto tal de que en las elecciones de noviembre próximo, puede ser la primera vez en la cual la derecha chilena no sea ni la primera ni segunda fuerza. Hay que entender la decisión de Piñera en un contexto político y electoral muy adverso para la derecha chilena”.
La guerra que no fue
Entre mediados del siglo XIX y la década de 1980, Argentina y Chile tuvieron una historia de conflictos en torno a la demarcación territorial en zonas muy estratégicas. “Uno de los puntos más álgidos fue el conflicto por el Canal de Beagle en el ´78. Finalmente fue resuelto a través de una mediación, un laudo arbitral del Vaticano. Afortunadamente no llegó al peor de los escenarios que hubiera sido un conflicto bélico pero estuvo cerca”.
Esta discusión territorial entre ambos países se centró en la disputa por las islas ubicadas dentro y al sur del Canal de Beagle, y los espacios marítimos adyacentes. Si bien son islas de tamaño pequeño, tienen gran valor estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico. Se trata principalmente de Picton, Nueva y Lennox e islotes adyacentes.
En 1881 se firmó el Tratado de Límites, que determinaba la neutralidad del Estrecho de Magallanes, y la distribución de las islas e islotes hasta el Cabo de Hornos. Siete años después, comenzaron los primeros antecedentes de esta disputa bilateral.
Para poder resolver este conflicto, los presidentes Salvador Allende y Alejandro Lanusse firmaron, el 22 de julio de 1971, en Londres, un Compromiso de Arbitraje. A través del mismo, ambos países se sometían a la decisión arbitraria de la Reina Isabel II de Inglaterra. Al cabo de seis años, se dio a conocer el Laudo Arbitral, el 2 de mayo de 1977. Otorgaba derechos de navegación en el canal para ambos países.
Como Chile quedaba con los derechos a la mayor parte de las islas y zonas marítimas, el gobierno militar argentino no aceptó el fallo, declarándolo “insubsanamente nulo” a pocos días de que la sentencia entrará en vigencia. Este hecho pudo haber terminado en un conflicto bélico, ya que ordenó el movimiento de tropas hacia la zona en disputa a través de Operación Soberanía. Por su parte, Chile, gobernado por el dictador Pinochet, respondió preparándose para la guerra.
Un año después, en 1978, se solicitó nuevamente un Laudo Arbitral. En este caso, la mediación estuvo a cargo del Papa Juan Pablo II, firmándose el 8 de enero de 1979 el Acta de Montevideo. En ella cada gobierno se comprometía a detener todo intento bélico.
Nuevamente en democracia, en 1984 el presidente Raul Alfonsín llamó a una consulta popular. El 82% de les ciudadanes votó a favor de la aceptación de la propuesta del Vaticano. Finalmente, el 29 de noviembre de ese año ambos países establecieron el Tratado de Paz y Amistad, donde se estipulaba que los derechos de navegación pertenecían tanto a Chile como a Argentina. Además, la mayor parte de las islas quedaban en manos chilenas mientras que la mayor parte de la superficie marítima era argentina.