Bajo el lema Discapacidad en Emergencia el Foro Permanente Discapacidad, Promoción y Derechos denuncia el desfinanciamiento económico al sistema de atención a personas con discapacidad por parte del Estado nacional y los gobiernos que lo administran.
Es por ello que organizaron un plan de lucha a fin de visibilizar la situación crítica que vivencian. El 10 de agosto se reunieron representantes de organizaciones, instituciones, transportistas, profesionales, personas con discapacidad y sus familias frente a la Agencia Nacional de Discapacidad para alcanzarle al Licenciado Fernando Galarraga, una nota exigiendo un aumento de emergencia del 70% para todas las prestaciones.
Nota al Pie dialogó Daniel Lipani, miembro del Foro Permanente Discapacidad, Promoción y Derechos; y vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (AIEPEsA).
Lipani ahondó en la grave situación que atraviesa el sistema de atención para les discapcitades. El sistema en Argentina para personas con discapacidad se encuentra regulado a través de una ley que establece las condiciones edilicias, profesionales, entre otros; comunes a quienes proporcionen algún tipo de atención perteneciente al sistema.
Por otro lado, los valores que se cobran por estas atenciones se encuentran regulados por el Estado a través de un Directorio, presidido por Galarraga, que esta compuesto por organismos estatales y representantes de instituciones que prestan los servicios en cuestión.
Derribando mitos
El miembro del Foro entiende que hay una creencia colectiva en torno a que la atención hacia las personas con discapacidad es financiada por el Estado solamente; pero afirmó que esto no es cierto.
“Creen que lo pagan sus impuestos pero la realidad es que aquellos que poseen obras sociales son financiados por el Fondo Solidario de Redistribución, el cual se conforma con parte del aporte que hacen todes les trabajadores de las obras sociales sindicales y todes les empleadores. Asimismo, este sistema de obra social sindical cubre alrededor de 6 millones de personas con y sin discapacidades” Explicó Lipani.
Respecto a la medicina prepaga, son los aportes de sus socies los que cubren la atención. Asimismo, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cubre los gastos por recaudación propia.
“Solo quienes tiene una atención por invalidez; son quienes reciben, a través del programa federal de salud, la atención y utilizan los fondos del tesoro nacional. Se estiman alrededor de 60 mil personas con discapacidad” afirmó el entrevistado.
Por otro lado, informó que les gremialistas ejercen una gran presión para que la totalidad de recursos provenga del tesoro nacional; alegando que el fondo solidario está en crisis por estas prestaciones.
“Es cierto que está en crisis, pero ello tiene relación con otras cuestiones” aseguró Lipani; y continuó “De hecho el porcentaje de lo que se paga para discapacidad ha disminuido.”
Desigualdad de trato
A pesar de que les trabajadores se encuentran bajo el convenio colectivo de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS); El vicepresidente de AIEPEsA afirmó que “Desde hace mucho nosotros venimos sufriendo en relación a los sueldos de convenio”.
A su vez, informó que en promedio el 70 al 80% de los gastos son referentes a sueldos; y el otro 30-20% restante refiere a gastos generales. Aseveró que en los últimos años se produzco un retraso grave en torno al presupuesto. “El gobierno anterior lo terminamos con protestas en las calles reclamando eso, pero la situación al día de hoy no ha mejorado.” Denunció Lipani.
Desde 2017 siempre les ofrecieron un porcentaje menor al inflacionario. Como ejemplo de ello mencionó que el año pasado las paritarias cerraron en un aumento del 10% en contraste con lo que fue la inflación del 36% correspondiente a ese año. Respecto al presente año, detalló que acordaron un aumento del 34% pero escalonado es decir que hasta la fecha solo se cobró un 19%.
Ello en discrepancia con el convenio colectivo de la FAPS que firmó un aumento del 45% conforme a una inflación se prevé que va a estar en ese orden. Mismo las prepagas, las cuales cerraron por encima de la inflación.
“Pareciera que el poder que tiene Swiss Medical es mayor que el nuestro. Porque estuvieron por encima de las cifras de aumento del convenio colectivo y nosotros obtenemos la mitad. Esto coloca a los servicios en una situación de absoluta quiebra” protestó el entrevistado.
Y añadió “De las 1000 instituciones de todo tipo que existen en el país, el año pasado, perdimos 10 de ellas. Otras se encuentran con un nivel de endeudamiento altísimo. Se nos multiplicaron los costos con todas las medidas que tuvimos que implementar por la pandemia y la verdad es que hubo muy poco apoyo Estatal de hecho, todo lo contrario.”
Luchar para mejorar y preservar lo alcanzado
Desde el Foro solicitan al Directorio que se apruebe, para las prestaciones de discapacidad, el incremento del 45% correspondiente. Explican que en la paritaria que se firmó, la cámara que representa no solo al sistema de discapacidad, sino que a la salud en general, puso como condición que el gobierno arbitre las medidas para que las clínicas y les prestadores de servicio puedan contar con el dinero para dar cumplimiento.
La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, dictó la resolución 2125/21 donde en el primer artículo autoriza a las medicinas prepagas a un aumento para compensar y en el segundo artículo afirma que ese aumento debe ser trasladado a todes les prestadores del sistema.
“La problemática con ello es que para que se aplique debe autorizarlo el Directorio, como afirma la ley 24901, por eso el 10 de Agosto pedimos votarlo en concordancia con la ministra. Pero el Directorio luego de una hora de discutirlo solicitó pasar a cuarto intermedio.” Informó el miembro del Foro.
Lipani explicó que, si no se aprueba el aumento se permitirá a las prepagas facturar a sus afiliados el mismo pero el dinero lo conservaran las mismas; dinero que corresponde a las escuelas, instituciones, entre otros.
Críticas al Estado
Al no cumplirse que el gobierno arbitre los medios para que los fondos lleguen a les prestadores de servicios. Los servicios de discapacidad no estarían obligados a implementar el aumento.
“Pero si no lo hacemos, las instituciones de discapacidad no tienen los fondos para afrontar los gastos y no tendrían por qué dar cumplimiento. Esa no es nuestra posición, pero entendemos que necesitamos también que los valores del nomenclador se modifiquen en concordancia.” Manifestó Lipani.
Igualmente, afirmó que el sector nunca adhirió a los paros, pero la situación les empuja a hacerlo y por ello planean uno a futuro si la situación no mejora. “Más que una inacción es un llamado de atención.” Expresó el entrevistado.
Y concluyó “Esta es una tarea que el Estado nunca desarrolló. La atención de las personas con discapacidad se fue ganando primero desde los padres; quienes crearon lo que no existía y, segundo, las organizaciones formadas por grupos de profesionales comprometidos con esta lucha. Se juega todo nuestro recorrido y lucha, pero también que si nosotros desaparecemos no queda nada para la atención de las personas con discapacidad.”