Esta semana el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la desarrolladora inmobiliaria IRSA, ha provocado diversas polémicas. El convenio que consiste en la construcción de un barrio de lujo en la Costanera Sur, precisamente en la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors, se enfrenta en la actualidad a los reclamos de entidades sociales y deportivas.
Comenzando con el freno judicial a pedido de la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad quien solicitó que se haga público un informe sobre el impacto ambiental de la construcción. Hasta el reclamo de los clubes barriales que piden que se respete la Ley N° 16.575, sancionada en octubre de 1964. La sociedad se expresa ante el negocio trazado por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la inmobiliaria.
Como parte de este movimiento, más de 15 entidades deportivas y sociales realizaron se reunieron con legisladores del Frente de Todos. Durante el encuentro se charló sobre un proyecto alternativo para las tierras en disputa. También las organizaciones armaron un documento donde se propone «la construcción participativa de una iniciativa que contemple a la comunidad del deporte de nuestra Ciudad de Buenos Aires y a la ciudadanía toda».
¿Qué pasa con las tierras?
La situación sobre los predios comienza a partir de la sanción de la Ley N° 16.575. En la normativa se establece que “Autorízase al Poder Ejecutivo a donar al Club Atlético Boca Juniors una fracción de tierra con superficie hasta de 40 hectáreas” ubicadas en costanera Sur.
Dentro de la ley sancionada en 1964 se preveía que el Club iba a garantizar:
- A) Un estadio con capacidad mínima para 140.000 espectadores;
- B)Sede social;
- C) Canchas auxiliares de Fútbol;
- D) Canchas de básquetbol;
- E) Canchas de tenis;
- F) Gimnasio;
- G) Piletas de Natación;
- H) Pistas de patinaje;
- I) Zona de juegos para niños;
- J) Espacios cubiertos para espectáculos deportivos y artísticos;
- K) Pistas para atletismo;
- L) Alojamiento en número adecuado para concentración de los deportistas en los grandes torneos, entre otras cosas.
Por más que se haya establecido esto, durante la última Dictadura Militar (1976-1983) salieron normativas que desvirtuaron la ley original. Finalmente en 1997 la empresa IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) obtuvo esos terrenos por 50 millones de dólares. En la actualidad la sociedad comercial de capitales argentinos, tiene un convenio con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el cual busca modificar las normas urbanísticas del predio.
Se ha de tener en cuenta que dentro de las polémicas que giran en torno al convenio con la desarrolladora está presente que en el último tiempo varios funcionarios del gobierno de la Ciudad fueron denunciados ante la justicia por tener tratos preferenciales con la empresa.
El debate para más adelante
Ayer la Legislatura porteña iba a tratar el tema de las construcciones de hasta 45 pisos en Costanera Sur por parte de la empresa IRSA. Sin embargo la discusión sobre el acuerdo quedó relegada para más adelante. Esta decisión surgió a pedido del bloque Vamos Juntos (VJ).
Por dicho motivo, Diego García Vilas, jefe del bloque VJ expresó en el recinto público: «Pido que se reserve en secretaría el convenio suscripto entre el Gobierno porteño y la firma Inversiones y Representaciones S.A, y quiero aclarar que se trata de una estricta decisión política que nada tiene que ver con el fallo que pretendió interrumpir su tramitación en este recinto y en las comisiones».