No todos los sufrimientos o padecimientos psíquicos o emocionales son nuevos, pero en algunas personas se intensificaron y en otras han emergido por primera vez. Son muchas las situaciones de angustia, ataques de pánico, crisis de ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias psicoactivas, etc. y muy deficientes las políticas públicas para su abordaje. Los equipos de salud mental están desbordados y los hospitales especializados en estas problemáticas, desamparados.
Tampoco hay una lectura de la salud mental con perspectiva de género. La violencia psicológica, simbólica y las discriminaciones que vivimos las mujeres y personas LGBTIQ+ a diario, impactan directamente en nuestra salud integral, ocasionando diferentes padecimientos psíquicos. Un abordaje adecuado y a tiempo preservaría nuestra salud y el bienestar psíquico y social.
A raíz del pésimo abordaje que se ha realizado sobre la situación del conocido artista Chano Charpentier, surge la oportunidad (urgente) de replantearse la implementación de un abordaje integral para los padecimientos mentales, en la emergencia y en la prevención de estas problemáticas, de las que poco se conoce y de las que nadie está exento/a, mucho menos en estos tiempos tan complejos que nos toca transitar.
Otro ejemplo de menor alcance mediático ocurrió recientemente en la ciudad de Paraná, donde la joven trans, Victoria Nuñez, murió tras una crisis emocional luego de que la policía local la detuviera; reduciéndola, esposándola y trasladándola con violencia a su dependencia.
En plena carrera electoral, pareciera que los padecimientos mentales son un tema de seguridad cuando, en realidad, son un tema de salud mental. En este punto parece no haber grieta, ya que tanto el jefe de seguridad de la PBA como el de la CABA, aprovecharon la situación para volver a hablar de la aplicación de las pistolas Taser, pero evitan referirse a cómo está hoy el sistema de salud mental; sin poner el foco de atención en resolver los grandes baches del sistema que perjudican la vida de muchas personas.
Además, ya es de público conocimiento que el propio fabricante de estas pistolas eléctricas desaconseja su uso en “personas que estén sufriendo una crisis mental o abuso de sustancias, debido a que la descarga eléctrica puede ocasionar una situación más grave”. A todo esto, se han abierto algunos interrogantes: ¿Por qué se llama a la policía? ¿Por qué no interviene un equipo de salud mental en este tipo de urgencias? Que si llamaron a la policía, que si no… ¿Cuál es el protocolo de urgencia? ¿Son las familias o personas allegadas de quienes sufren estas situaciones, responsables del mal tratamiento de los padecimientos mentales? Por supuesto que no se puede responsabilizar a nadie más que las instituciones que, en vez de cuidarnos, vulneran los derechos humanos y nos revictimizan una y otra vez.
Tenemos una Ley Nacional de Salud Mental (2010) que en la letra es excelente, pero que en su aplicación se observa un gran déficit. Faltan políticas públicas preventivas, faltan espacios de contención y tratamiento inclusivos y acordes a los tiempos que corren, faltan políticas públicas para responder a la demanda permanente, falta contención y acompañamiento a las familias de las personas que sufren, porque también sufren quienes están cerca de estas personas.
Según la Ley, la internación involuntaria de una persona debe ser el último recurso, y debe haber criterio de internación evaluado por el equipo de salud mental. Dicho criterio se evalúa cuando media riesgo para sí mismo o para terceros.
Según el protocolo vigente del Ministerio de Seguridad Nacional, si el personal de seguridad toma conocimiento o contacto con una persona que atraviesa una crisis de estas características, lo primero que debe hacer es llamar a equipos de salud mental, evitando todo hecho violento que viole los derechos humanos de las personas.
Los equipos de salud mental son quienes están capacitados para diagnosticar estas situaciones, no la policía. Pero si por protocolo las fuerzas de seguridad acompañan debido a riesgo de vida inminente, deben hacerlo con absoluta responsabilidad y conciencia, con conocimiento pleno de las implicancias que tienen los padecimientos mentales, los derechos que tienen las personas y el rol que tienen las fuerzas de seguridad.
Necesitamos robustecer el sistema de salud mental y educar a las fuerzas de seguridad. Es responsabilidad del Estado concientizar, sensibilizar y capacitar con el personal adecuado a todas sus instituciones sobre salud mental desde una perspectiva de género y de derechos humanos.