El 26 de septiembre del año 2014 desaparecieron 43 estudiantes de entre 19 y 23 años en Ayotzinapa, una aldea ubicada al sureste de Iguala, México. Allí les jóvenes estudiaban en las llamadas Escuelas Normales Rurales; puntualmente en la escuela “Raúl Isidro Burgos”, segundo director de la misma y poeta mexicano.
Les normalistas se forman con una mirada crítica y una profunda conciencia social. Son defensores de la educación pública, de la enseñanza por y para el pueblo. El fundador de las escuelas rurales fue Lázaro Cárdenas, presidente de México desde 1934 hasta 1940. Su objetivo era poder educar al pueblo más pobre, más marginado.
Estas escuelas no coinciden con la mirada capitalista del mundo, van en contramano del sistema, no son funcionales al mismo. Por ello desde la década del ’60 en adelante, se encuentran en la mira del Estado. Les maestres y estudiantes también son perseguides y desaparecides desde aquella época hasta el día de hoy.
Este semillero de jóvenes irreverentes, quienes luchaban por una mayor justicia social, ha tenido que lidiar siempre con un Estado que restringe su presupuesto; además de ser indiferente a las agresiones hacia les normalistas cometidas por parte de la policía local y federal, como así también por el ejército.
Las escuelas normales son incómodas y las voces que pueblan las mismas también, “incluso para el actual gobierno”, aseguró Rosales Sierra. Si bien el presidente ha declarado “que no va a reprimir, los gobiernos que son de su mismo partido, han emprendido sendos actos represivos. Dice que las normales no deben imponer ideología, que los estudiantes han incurrido en actos vandálicos. Ese discurso no difiere del de los gobiernos anteriores”.
Caso Ayotzinapa: primera hipótesis relevante
Actualmente en el caso de les 43 estudiantes desaparecides de Ayotzinapa existen dos tesis principales. Una, establecida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en la que se plantea que “el móvil de las agresiones está relacionado con el trasiego de droga de Iguala a Chicago, por parte del grupo delictivo ‘Guerreros Unidos’ que tuvo que ver en la desaparición”, comentó Rosales Sierra.
La tesis cobró fuerza, ya que un grupo de “Guerreros Unidos” había sido detenido meses antes en Estados Unidos por transportar droga en camiones. “Se desarrolla un proceso en Chicago y Atlanta contra miembros de ‘Guerreros Unidos’ que habrían sido detenidos en esta ruta de trasiego de droga. A partir de ahí desarrollaron ellos esta hipótesis; la cual la hizo suya ahora ya la fiscalía general de la República relacionada con este trasiego de droga”.
Se supone que el 26 de septiembre de 2014, les normalistas secuestraron unos camiones. Esta es una práctica muy común en México, ya sea para salir a festejar el triunfo de un equipo de fútbol, como para ir a manifestaciones. Los camiones vendrían a ser como los colectivos en Argentina.
En el caso de les estudiantes, la idea era dirigirse a Iguala, ubicada en la región norte del estado de Guerrero, aproximadamente a 257 km de Ayotzinapa. Uno de los supuestos motivos era participar en la marcha por el 46 aniversario de la Masacre de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.
Masacre que tuvo como protagonistas a estudiantes, también perseguides por las fuerzas policiales y el ejército, por luchar básicamente por un mundo más justo; como les normalistas. Al tomar los “buses” no se habrían dado cuenta que en uno de ellos había droga. Supuestamente la policía local y de otros municipios cercanos recibieron el alerta. La policía, en complicidad con los cárteles, salieron a la cacería en búsqueda de estos camiones.
Pedido del expediente del proceso contra miembros de “Guerreros Unidos”
Según el abogado de las familias de les 43 estudiantes, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, predecesor de Felipe Calderón Hinojosa, “fue difícil poder obtener la cooperación de Estados Unidos; pero ahora con Andrés Manuel López Obrador en la reunión que tuvo con Kamala Harris; pidió parte de este expediente y el gobierno de Estados Unidos ya entregó una parte. Falta que entreguen la otra. Ahora se está analizando ese expediente”.
De los datos fuertes que surjan del análisis de ese expediente, se podrá saber si esta tesis “puede adquirir mucha más consolidación”. Este es un avance importante en el caso; como también el hallazgo de dos de les estudiantes en el año 2020. La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, logró identificarlos en un punto denominado Barranca de la Carnicería.
Se encontraron en total más de 900 restos óseos, “de esos 900 restos, los menos afectados por la exposición térmica o las condiciones climatológicas, fueron estudiados y resultaron dos positivos”. Uno es Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y el otro Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Segunda hipótesis
Actualmente la primera tesis ha sido contrastada con otra. Un testigo protegido “dice que el móvil habría estado relacionado con una posible confusión de los estudiantes en el marco de la lucha de los grupos criminales. Estos se disputan el territorio para el tema de la droga en Guerrero, en este caso la zona norte de Iguala. Al parecer los estudiantes quedaron en medio de esa disputa, y al final uno de los grupos tomó la decisión de privarlos de la vida”.
Este testigo protegido es una persona que estuvo detenida por los hechos, pero que luego fue liberada. La tesis “está tomando mucho revuelo y está perdiendo un poco de fuerza aquella del trasiego de droga”.
Se supone que para evitar más testigos “de los hechos violentos de la confrontación”, el grupo delictivo “Guerreros Unidos” decidió asesinarles. De todas maneras, si bien esta tesis cobró más fuerza que la primera, todo puede cambiar de acuerdo a la información que venga de Estados Unidos, a los resultados del análisis del expediente.
“Si esta información que viene de las investigaciones que se realizan allá dan mayores elementos, nos puede colocar entonces en otro nivel; y esta tesis del trasiego de droga puede adquirir mayor relevancia”, subrayó el abogado.
Implicancia del ejército mexicano en el caso Ayotzinapa
Siguiendo con la segunda tesis, el testigo protegido detalló “que un grupo de estudiantes de por lo menos 25 fue ingresado el día 26 de septiembre a la noche a las instalaciones del 27 batallón de infantería. Ahí fueron interrogados y varios de ellos salieron sin vida”. Luego, el ejército habría entregado a les estudiantes al grupo delictivo “Guerreros Unidos”, el cual posteriormente habría asesinado a les normalistas.
Otro dato objetivo que el abogado rescata “es que el ejército mexicano sí estuvo enterado de lo que pasó en Ayotzinapa”; de las agresiones en contra de los normalistas. Rosales Sierra argumentó que “tuvo personas del ejército que estuvieron siguiendo a los estudiantes desde su arribo a Iguala; es decir, documentaron la presencia de los estudiantes”. En este sentido, se podría decir que existió también una clara persecución política.
Por último, el tercer nivel de participación del ejército, “es que ellos sí estuvieron presentes en casi todos los escenarios donde agredieron a los estudiantes”. El abogado afirmó que todavía no hay datos “de que ellos hayan agredido; pero sí estuvieron presentes”.
De todas formas, existen testigos que aún no han sido formalizades y “hablan de que hubo una agresión directa de elementos del ejército mexicano a los estudiantes; pero eso todavía es información no formalizada en las investigaciones”.
Pacto de silencio
El llamado pacto de silencio se refiere a la complicidad entre criminales, instituciones “como la policía preventiva; como la policía ministerial, como la policía federal, el propio ejército mexicano; la procuraduría general de la república, que se ve inmiscuida en este pacto de silencio. Incluso hasta el presidente de la república en ese entonces”.
Enrique Peña Nieto, presidente en ese momento, “sostuvo contra viento y marea la tesis famosa de la verdad histórica”. Esta tesis se centra en el basurero de Cocula, ciudad ubicada en el estado mexicano de Jalisco. Allí, supuestamente quemaron a les estudiantes; recogieron sus cenizas y las tiraron al río más cercano. Por ende, ya no habría manera de buscarlos.
Esta versión “intentaba desviar la atención de las investigaciones, excluyendo al ejército mexicano; y excluyendo de responsabilidades a la policía federal y a otros actores de mayor nivel en las instituciones; limitándolo a “Guerreros Unidos” y una policía municipal corrupta en Iguala, nada más”.
Esta supuesta verdad histórica responsabiliza sólo a la esfera local, resguardando bajo las alas de un Estado corrupto a “instituciones federales que eran responsables en este asunto”, manifestó el abogado. Además, aclaró que “el pacto de silencio viene desde el ex presidente de la república, pasa por secretarios de estado; por el procurador general de la república, el ejército mexicano del más alto nivel; policía federal del más alto nivel, y así está tejido el pacto de silencio”.
Otra de las instituciones que podría incluso estar involucrada en el mismo es “lo que antes era el CISEN, el Centro de Inteligencia que había; que hacía más tareas contrainsurgentes”. Según Rosales Sierra, “está costando mucho trabajo romperlo porque como es un pacto criminal, quien habla, quien dice algo; pues simple y sencillamente está de por medio su vida, por eso es difícil romperlo”.
Espiades por Pegasus
Cuatro padres de les estudiantes desaparecides de Ayotzinapa han sido intervenides de manera ilegal por Pegasus; un software espía, mediante sus teléfonos. También “dos de los voceros del movimiento que es el compañero Felipe de La Cruz, y Melitón Ortega”. A la vez, intervinieron el teléfono de Rosales Sierra.
“Varias llamadas de mi persona, con un padre de familia, fueron ventiladas públicamente, y una llamada que yo tuve con mi esposa también. Filtraron llamadas donde yo cuestionaba supuestamente a los padres de familia; y otra llamada donde la sacaron de contexto y hacía parecer como que los padres de familia recibían dinero de la delincuencia organizada”, describió.
El objetivo, de acuerdo a lo transmitido por el abogado, era “generar división entre nosotros, causar descrédito entre el movimiento de las madres y padres; nosotros en ese momento no nos dimos cuenta cómo éramos espiados”. Se lograron enterar una vez que los medios de comunicación difundieron las llamadas. Más adelante, mediante investigaciones, se supo que era a través de Pegasus.
Hasta el día de la fecha, existen más de 82 mil desaparecides en México, según datos del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad. “Frente a una disfuncionalidad de los órganos que procuran y administran justicia; y frente a la total impunidad en la que viven las víctimas hoy en día; creo que este ha sido el punto flaco del gobierno actual”, declaró el abogado.
Si bien “le ha apostado a la política pública, a los programas sociales, este otro rubro digamos; de graves violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente, como Ayotzinapa, no parece ser su prioridad”, denunció Rosales Sierra. Además, opinó que “esto sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país”.