A principios de la década de 1990 en Ciudad Juárez, ubicada en el estado de Chihuahua, se violó y asesinó sistemáticamente a mujeres y niñas. Las familias de las víctimas han sido pioneras en la lucha contra el feminicidio y la impunidad con la que se manejan los feminicidas; y varies funcionaries del Estado encubridores de los mismos.
Marcela Lagarde y de los Ríos, antropóloga mexicana, fue quien recuperó el término feminicidio para describir lo sucedido en Ciudad Juárez. El concepto especifica que los asesinatos hacia mujeres son concretamente efectuados por su condición de género; y que el Estado debe responsabilizarse y generar políticas para erradicar la violencia de género. La antropóloga retoma el concepto entendiéndolo como un delito, un genocidio, un atentado contra las mujeres.
Según cifras de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, desde enero a julio de 2021, se produjeron en la zona norte, que comprende Ciudad Juárez, 9 homicidios por razones de género. En la zona centro, la capital, 11; en la zona sur 125; y en la zona occidente 186, dos zonas que tienen municipios serranos. En total serían 331, pero existen más, ya que dentro de los números de víctimas de homicidio doloso femenino se incluye también a víctimas de homicidio por razones de género.
A su vez sigue existiendo una justicia sin perspectiva de género y una total impunidad. La periodista mexicana y fundadora de la Red Libre Periodismo, Patricia Mayorga, expresó a Nota al Pie que “todavía las autoridades descalifican a la víctima. Con respecto a los homicidios de las mujeres, dan por hecho que no son feminicidios cuando ni siquiera se investiga”. A su vez, la periodista señaló que más del 90% de los feminicidas están impunes.
Distintos feminicidios, misma misoginia
Existen los feminicidios perpetuados por vínculos cercanos a la víctima, y otros que ocurren en el espacio público. Luego “hay otro tipo de feminicidio que se distingue de estos otros dos; vinculados con delincuencia organizada. Ultimamente reclutan en especial a mujeres para incorporarlas en sus filas”, detalló Ruth Fierro; coordinadora del Centro de Derechos Humanos de Las Mujeres (CEDEHM) de México, quien también conversó con el medio.
“En la Sierra Tarahumara hay mucho reclutamiento de mujeres, que se usan como botín de guerra, para los campamentos de narcos. Ahí en la Tarahumara hay un abandono sistemático sobre todo en comunidades más alejadas. Son zonas abandonadas socialmente donde ya la narcocultura es lo normal”, recalcó Mayorga.
En esas regiones hay chicas “que estudian, que quieren salir adelante, a veces terminan hasta la preparatoria, pero ahí afuera ya no hay más; entonces terminan pues haciéndose novias del prototipo de hombre que se ve, los sicarios; entonces también ahí hay una violencia muy fuerte, son las novias de; entonces también sufren violencia”.
Aumentos de feminicidios en pandemia
La pandemia del Covid 19 potenció la pandemia de los feminicidios. Sobre todo, la violencia de género en el interior de las casas, en el espacio privado. A su vez, “se han incrementado muchísimo los homicidios de cuerpos de mujeres que dejan en la calle o en las carreteras”, comentó Mayorga; quien ha denunciado violaciones a los derechos humanos y obtuvo el premio internacional a la libertad de prensa en el año 2017.
Las mujeres aparecen “envueltas en una bolsa con las manos atadas o la boca cubierta o les enredan la cabeza con cinta. Ese tipo de mensajes en los últimos años se ha vuelto muy frecuente y eso es una forma de descalificar o criminalizar a la víctima”.
El crimen organizado “a la hora de dejarlas ejecutadas suelen tener esas características, de dejarlas maniatadas, en las carreteras”; mencionó Fierro. De todas maneras; Mayorga expresó que en algunos casos en los que mujeres eran asesinadas “por el novio o por la pareja o el esposo; también así las envuelven, está todo como muy revuelto”.
La coordinadora del centro agregó otro detalle: “lo que supimos que había aumentado de forma evidente, eran las llamadas al 911; pidiendo el apoyo de policía por alguna agresión. Tiene sentido que hayan aumentado. Podían hablar por teléfono y pedir ayuda, pero sin salir a denunciar”.
Poco presupuesto
El Estado debe otorgar presupuesto a las instituciones que abordan la violencia de género y las múltiples violaciones a los derechos humanos. Según la coordinadora del CEDEHM, se ha avanzado en leyes, protocolos; “pero los presupuestos asignados a instituciones; o personas que aplican estos protocolos, son los más reducidos; nosotras decimos que donde está el interés del gobierno está su presupuesto”.
Asimismo, quienes trabajan para la erradicación de la violencia de género en los ministerios públicos; personas capacitadas y comprometidas “no tienen certeza laboral; tienen contratos que se renuevan cada tres meses, no tienen seguridad social, por ende; terminan no soportando el ritmo de trabajo y dejándolo para dedicarse a otra cosa”.
La incidencia de delitos contra las mujeres no es proporcional al presupuesto destinado a estas instituciones encargadas de combatir la violencia de género, de acuerdo a lo manifestado por Fierro.
Prevenir desde la formación necesaria en perspectiva de género
Existe una política pública enfocada en la “reacción” y no en la prevención, sostuvo Fierro; “casi todo lo que vamos creando es para atender a la víctima cuando ya fue violentada”.
Por lo tanto, “el Estado tiene la principal labor de la prevención, pero no solo desde la procuración de justicia; sino también debería haber prevención en los programas educativos donde se vea el tema de los estereotipos de género. También involucrar a la iniciativa privada, a las empresas, a las iglesias, a los medios de comunicación”.
Se deben a la vez, “repensar las formas de masculinidad”, rescató Fierro. Por su parte, Mayorga sostuvo que “a los varones les cuesta un poco más pero sí hay grupos o compañeros que están muy sensibles a esto; o que permanecen aprendiendo, autorevisándose para ver cómo pueden ellos aportar”.
Acabar con la impunidad y la violencia estructural
Si bien la violencia de género atraviesa a todas las clases sociales, en Ciudad Juárez y en Chihuahua; las mayores víctimas de violencia de género son jóvenes con escasos recursos económicos; las cuales no tienen un tejido social fuerte, según Mayorga. Por ello se debe también combatir la violencia estructural.
A su vez, añadió que se tiene que “luchar contra la impunidad. Hacerle realmente caso a la víctima desde la denuncia, se la debe tomar en serio”. También tiene que haber “una persecución del delito; que se combata la corrupción dentro de las corporaciones que están infiltradas. Generalmente los mismos actores que reciben la demanda les dan el aviso a los delincuentes, de quien los demandó, los alertan”; y reflexionó: “Yo creo que ahí está el meollo del asunto”.