El tema de un posible acuerdo con China para la instalación de mega granjas industriales de producción porcina en Argentina volvió a reflotar en los últimos días.
Fue el portal El Cronista el que publicó la información sobre la eventual firma definitiva del memorándum de entendimiento con el país asiático, anunciada para septiembre de este año. Algo que inmediatamente Cancillería Argentina desmintió, desde la informalidad, en su cuenta oficial de Twitter.
Sin embargo, al día siguiente El cronista volvió a rectificar la información ampliando detalles del supuesto documento al que aseguró habría tenido acceso. Esta vez con absoluto silencio, hasta el momento, por parte del organismo oficial.
Pero ¿qué hay de cierto y peligroso detrás de este acuerdo latente? Para conocer más sobre la problemática del tema, Nota al Pie conversó con Guillermo Folgueras, Biólogo e investigador del CONICET, especialista en temas ambientales.
¿Qué son las mega granjas porcinas?
El megaproyecto en discusión se trata ni más ni menos que de criaderos de cerdos en confinamiento a gran escala para luego faenarlos y exportarlos a China.
De concretarse este acuerdo Argentina duplicaría en el corto plazo la producción porcina del país. Se instalarían 25 mega granjas de 12.500 madres cada una, donde se producirían anualmente alrededor de 900 mil toneladas de carne porcina.
“Al ser un proyecto altamente concentrado y tecnologizado no genera puestos de trabajo de manera masiva. Requiere de muy poca mano de obra y tiene un alto impacto ambiental y social”, advirtió Folgueras.
Modelo sanitario de alto riesgo
Este tipo de mega producción implicaría un gran consumo de agua por parte de los animales y necesitaría alrededor de 20 mil hectáreas de maíz y soja para abastecer la alimentación de esa cantidad de cerdos. Esto implicaría también un gigantesco volumen de desechos y excrementos con la consecuente contaminación de tierras, aguas y aire.
Folgueras explicó la principal causa por la cual el país oriental necesita nuevos mercados. “El tema de la instalación de megafactorías porcinas arrancó hace tres años atrás, cuando China pierde la producción de este tipo de carne por la circulación del virus de la Peste Porcina Africana (PPA)”. Obligades por el crecimiento de esta enfermedad altamente contagiosa, debieron sacrificar gran cantidad de cerdos; y se estima que les llevaría entre cinco y diez años erradicarla por completo del país.
El problema fundamental es la escala de la producción, ya que “los animales hacinados generan patógenos que requieren de veneno y antibióticos para combatirlos. Esto prolongado en el tiempo genera la resistencia de esos patógenos que se vuelven altamente contagiosos hasta que logran pegar el salto a las comunidades humanas lindantes. Es una cuestión de tiempo; puede no ocurrir nunca o pasar rápidamente y Argentina parece estar dispuesta a correr el riesgo. Al menos en manos de quienes gobiernan”, enfatizó el biólogo.
Frente a estos antecedentes y ante la cifra en Argentina de 100 mil muertos como consecuencia de la pandemia por COVID-19 es inevitable no mantenerse en estado de alerta.
Dinero versus vidas
El debate que se intenta instalar es economía versus ambiente; pero la verdadera discusión gira en torno a grandes concentraciones de dinero versus enfermedades letales, contaminación y depredación de los recursos naturales.
El problema radica en que las cifras millonarias con las que se anuncia esta posible “inversión” son igualmente proporcionales a los peligros que conlleva. Se pone en riesgo la salud de las personas, la crueldad ejercida sobre los animales y la destrucción del ambiente.
Todo esto en pos de generar grandes sumas de dinero en pocas manos; dado que quienes se llevarían las principales ganancias de este negocio serían los grandes exportadores y propietarios latifundistas donde se instalarían las megafactorías.
Impacto humano y ambiental
En este modelo agroindustrial, son varios los factores sociales y ambientales que se ponen en juego
Los cerdos hacinados generan virus que pueden ser mortales. Contaminan el suelo y las napas que van a los ríos con sus desechos. Exponen a olores nauseabundos y plagas de moscas a las comunidades aledañas.
Otro punto importante es la degradación y el grado de exposición a enfermedades para los trabajadores que se empleen en estas granjas. “Quedan expuesto a las primeras líneas de manipulación de materia fecal, venenos, antivirales, antibióticos. Ni hablar de lo que implica psicofisicamente matar esa cantidad masiva de vertebrados. Ese es un proceso muy doloroso”, afirmó Folgueras.
Otro impacto que se sumaría es la magnitud de desmonte necesario para los volúmenes de maíz y soja que se requieren para abastecer a tanta cantidad de animales. Esto presume también un golpe a les pequeñes productores que quedan en desigualdad de condiciones frente a las grandes empresas para producir a esa escala.
“Me parece una locura. Es un proyecto que no persigue ni el bienestar social ni el ambiental. Acá no se trata de no consumir cerdos sino de medir las escalas, no es lo mismo 12.500 madres que 500. Esto es fundamental y hace la diferencia con proyectos sustentables que sí cuidan a las comunidades, a los trabajadores y a todo el armado de tejido social y ambiental”, expresó el especialista.
Felipe Solá y el modelo productivo extractivista de los agronegocios
El 25 de marzo de 1996, el actual ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá, firmó la resolución Nº167.
Por esta normativa, sin mediar debate público alguno, en un documento de apenas dos artículos de dos líneas cada uno, se aprobó con su sola firma “la experimentación y/o liberación al medio de organismos genéticamente modificados para la semilla de la línea soja 40-3-2 de soja transgénica tolerante al herbicida glifosato”.
En aquel entonces, el funcionario ocupaba el cargo de Secretario de Agricultura, Pesca y Alimentación del gobierno de Carlos Menem.
A partir de ese momento, el modelo de producción extractivista ingresó sin ningún tipo de restricción a la Argentina de la mano de la multinacional Monsanto. De allí en más, comenzó un acelerado proceso de deforestación y desalojo de comunidades, seguido de su consecuente contaminación ambiental debido al uso de agrotóxicos como el glifosato. Ambos requisitos necesarios para el desarrollo de los millonarios agronegocios de la corporación.
Por este motivo cuando Felipe Solá, el 6 de julio de 2020, anunció en la página web de la Cancillería Argentina que “llegaron a un acuerdo sobre este proyecto la Asociación China para la Promoción Industrial y la Asociación Argentina de Productores Porcinos”, científicos, investigadores y organizaciones ambientales y políticas comenzaron a alertar y denunciar sobre las consecuencias que el convenio de este mega negocio implicaba. Así fue como se logró impedir en noviembre de ese mismo año la firma del acuerdo.
Lo cierto es que, ante la nueva arremetida sobre el avance del memorándum de entendimiento con China, el tema preocupa y pone nuevamente en estado de alerta a organizaciones ambientalistas, científicos e investigadores, pero extiende la alarma al compromiso de toda la población para evitarlo.
A la luz de las consecuencias y la pobreza que trae el modelo productivo extractivista, se hace indispensable el debate público sobre la necesidad de desarrollar proyectos de producción sustentables como formas de combatir la desigualdad social y la destrucción del ambiente.
Derecho a la Información
Desde el 29 de septiembre de 2016, Argentina cuenta con la ley 27.275 que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la promoción de la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
“El gran problema que tenemos frente a este tipo de situaciones es la falta de información. En 2020 tuvimos que ir a buscar información en experiencias latinoamericanas como las de Chile y México porque acá no la teníamos”, relató el investigador; y agregó: “estamos esperando una confirmación oficial que no llega y de alguna manera repite la serie de equívocos que ocurrieron el año pasado. Un Twitter no es un canal serio de comunicación”.
En todos estos temas urge una discusión pública. “La falta de información no es un accidente, es un elemento estructural para la toma de este tipo de decisiones. Debemos exigir que estas no se tomen entre cuatro paredes, deben ser abiertas a la comunidad y con audiencias públicas tal como lo prevé la ley”, concluyó Folgueras.