La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) legisló la actualización del Código de Edificación de la ciudad y convirtió en ley la reglamentación referida a asuntos catastrales. Fue en la sesión ordinaria del jueves 8 de julio.
La impulsó el Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta. En el recinto se aprobó por mayoría. Contó con treinta y seis votos afirmativos de los partidos políticos Vamos Juntos, Unión Cívica Radical, Gen y el PS. Quienes estuvieron en contra sumaron veinte sufragios, provenientes del Frente de Todos y de los partidos de izquierda.
Les legisladores de la Comisión de Planeamiento Urbano trabajaron en el proyecto. Su actual presidente es Daniel del Sol, del bloque Vamos Juntos. En su discurso afirmó que la actualización de la ley 3999 permite un catastro “acorde a la normativa”. También, que “agilizará los trámites relacionados al catastro y acompañará de la mejor manera los procesos de reurbanización e integración de barrios que lleva la ciudad”.
Pero… ¿Qué es el catastro?
Para entender las implicancias de esta legislación es necesario comprender lo que implica la Ley de Catastro. Este sistema es un registro de las características físicas de los inmuebles que permite su localización e identificación. En la página web de la Legislatura porteña afirman que “se refiere a la base del sistema inmobiliario” y “es un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales de la Ciudad”.
En específico, la Ley de Catastro establece las pautas de su funcionamiento y los lineamientos básicos para su conservación. También la publicidad de los datos, emisión y/o certificación de la información catastral. Define además lo que hace a la confección, presentación y el registro de los distintos actos de mediciones que se efectúan en el organismo catastral.
En definitiva, constituye la base normativa para definir los estándares de los datos de los objetos catastrales como aporte para la administración del territorio.
Actualización de la ley: voces a favor y en contra
Como se anticipa al observar los resultados de la votación, no todes están de acuerdo con el texto que propone esta actualización. El presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano, Daniel del Sol, aseguró que han “escuchado todas las opiniones y ajustado el texto de modo que no cupiera la posibilidad de interpretar de manera subjetiva lo que el texto dice explícitamente”.
Pero desde el arco opositor en CABA no opinan lo mismo. El mayor conflicto lo generó la inclusión en el proyecto de ley de la figura de conjuntos inmobiliarios y propiedad horizontal especial. Según les legisladores del Frente de Todos, estas denominaciones son las que permiten la construcción de barrios privados en plena ciudad.
Ante esta presión, las dos palabras fueron quitadas del texto que finalmente se aprobó. Aunque quienes votaron en contra aseguran que no es suficiente, sino que hay que explicitar la prohibición de los barrios privados en la ley.
El diputado Javier Andrade, representante del Frente de Todos, exclamó en su discurso legislativo que el proyecto tuvo un corto tiempo de discusión. “El 2 de julio tuvimos una reunión de comisión y después una próxima reunión donde se dictaminó”, reclamó Andrade. Y concluyó “ese fue el tiempo de discusión que se le dio a un tema tan importante, que viene a consolidar un modelo de desarrollo urbano en nuestra ciudad”.
El nuevo panorama barrial
También hizo referencia a la flexibilización que la Ley de Catastro permite en la “regularización del dominio en los barrios populares”. Aseguró que en proyectos como los del Barrio 31, el objetivo es “regular la informalidad” de “personas que no tienen red de agua, cloacal o servicios de electricidad”.
Así, profetizó que “una vez que tengan esa escritura puede venir la presión del mercado sin ninguna intervención del Estado, comprar esas viviendas y avanzar (…) en la posibilidad de expulsar a aquellos que viven en la villa 31”.
Desde la Colectiva de Arquitectas en defensa de las tierras públicas emitieron una carta a les legisladores. Allí, pidieron que se incluya “taxativamente el carácter indefectiblemente público de todas las vías y calles existentes y futuras», así como «la prohibición expresa de constituir enclaves urbanos cerrados».La AsociaciónCivil por la Igualdad y la Justicia, el Centro de Estudios Legales y Sociales y el Ministerio Público de la Defensa de Ciudad también expresaron su preocupación. Consideraron que la norma “podría generar condiciones adversas para implementar de manera adecuada las leyes de reurbanización e integración socio urbana» en barrios populares.