El gobierno de Mendoza pretende construir una represa llamada Portezuelo del Viento sobre el Río Grande, ubicado en el departamento de Malargüe. Este río es el principal afluente del Río Colorado; que recorre las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, las cuales se oponen al proyecto.
La represa, según el gobierno mendocino, abastecería de energía a la población. Desde la Fundación Chadileuvú plantean que el principal objetivo es realizar la “obra conexa del trasvase de aguas desde el río grande al río Atuel”.
La idea del trasvase surgió en 1970 a través de un estudio encargado por el Ejecutivo Nacional y producido por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, (MIT), de Estados Unidos. El proyecto se consolidó en 1973 y lo aprobó el estatuto del organismo que gestiona la cuenca; el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) en 1977.
Actualmente, para la Fundación Chadileuvú, este proyecto es inviable debido a la crisis hídrica de los ríos cordilleranos. Los caudales del Río Atuel y el Río Salado se encuentran en extinción. El Colorado traía 150 metros cúbicos por segundo, pero en la actualidad sólo trae 80 aproximadamente.
El secuestro de los ríos Atuel y Salado
Antes de 1917 ingresaban varios brazos por el río Atuel. El brazo principal era el Atuel, que se unía al Chadileuvú en el paso de La Horqueta; y pasaba por detrás de Santa Isabel. Luego estaba el arroyo Butaló, el más extenso y el arroyo de La Barda. A su vez, había dos brazos más, de las Tinajeras y de los Ingenieros. Cada brazo se interconectaba con los otros a través de lagunas, cursos y bañados.
El caudal de los cursos, bañados y lagunas, dependía de la cantidad de agua proporcionada por el río Atuel y el Chadileuvú. Los gobiernos sucesivos de Mendoza comenzaron luego de 1917 a extraer el agua de los ríos; esto supuso que una provincia como La Pampa quede casi desértica.
Primero se cambió el caudal del río y se perdió el brazo principal. La “Colonia Butaló” comenzó a desaparecer según Oscar Frank, vicepresidente de la Fundación Chadileuvú e ingeniero agrónomo; quien conversó con el Nota al Pie. Luego, en la década de 1930, se cortó el brazo Butaló, el cual recorría 270 km dentro del territorio pampeano.
Por último “el golpe final” fue con la construcción del dique El Nihuil en Mendoza que embalsó el río y bloqueó el escurrimiento del arroyo La Barda. Desde ese momento, el río Atuel ingresa “esporádicamente por pulsos; cuando llueve mucho, cuando le sobra agua, o cuando tienen que mandar el agua de rehuso”.
Aparte del Atuel, el río Salado “que ingresaba también desde el norte en La Pampa, prácticamente no corre más tampoco”. Todo esto producto de la masiva construcción de represas por parte de Mendoza y San Juan. “A principios del siglo pasado había casi 300 mil hectáreas de bañados, esto es un caso muy clarito de ríos robados directamente”, afirmó Frank.
Localidades afectadas
Una de las primeras localidades perjudicadas fue Santa Isabel. Por allí pasaba el brazo principal. Río abajo de Santa Isabel, poblaciones como Algarrobo del Águila, Limay Mahuida, La Reforma y Puelches; también se vieron perjudicadas.
“El corte del río afectó de tal manera el ambiente y la actividad económica, que provocó el éxodo de miles de personas hacia las ciudades”, sostuvo. “Tenemos exiliados ambientales, gente que se tuvo que ir cuando se terminó el río”, expresó Frank.
Negacionismo por parte de los gobiernos mendocinos
La Fundación Chadileuvú menciona como primer antecedente de reclamo una carta que envió “Don Ángel Garay; un encargado policial de un puesto en el medio de la nada”, al presidente Perón en 1948. En ella expresó el reclamo por el corte del río.
La Dirección de Agua y Energía Eléctrica de la Nación, en 1949, dictaminó la entrega de aguas del río Atuel por parte de Mendoza a La Pampa. Mendoza igualmente negó la interprovincialidad del Atuel durante décadas. En 1987 se dio un primer fallo donde la Corte Suprema de Justicia; exhortó a las dos provincias para lograr acuerdos. Por primera vez Mendoza reconoció la interprovincialidad.
Ese reconocimiento igualmente, sólo fue de palabra. Luego, en 2008, se firmó un convenio entre los gobernadores Celso Jaque y Oscar Jorge, junto a Nación, que suponía la entrega de un caudal mínimo para La Pampa. Mendoza no lo cumplió. En 2017 se produjo otro fallo en donde la Corte Suprema ordenó hacer obras para asegurar ingresos de agua a La Pampa. El gobierno de Mendoza hizo caso omiso nuevamente.
A mediados de 2020 “la corte falló para que Mendoza entregue en el límite con La Pampa 3,2 metros cúbicos por segundo”, contó Frank; y subrayó: “Ese es un caudal ambiental, La Pampa no está reclamando agua para regar; está reclamando el agua porque es un derecho humano, y derecho humano también, sí, a un ambiente sano”.
El gobierno mendocino aún se rehúsa a cumplir este último fallo. La corte, según Frank, “no obliga a Mendoza a cumplir el fallo porque no quiere tener un problema político; sabe que Mendoza no le va hacer caso, ya que tiene un gran poder de lobby”. Los “sectores del poder concentrado de Mendoza y los sucesivos gobiernos negaron permanentemente el agua”, aseveró.
Una represa perjudicial para el ambiente y la población
La construcción de la represa de Portezuelo del Viento para Frank supone la pérdida total del río Colorado. “Van a secarlo, es el único que nos queda; hace de límite con Rio Negro; producción bajo riego para La Pampa y la provincia de Buenos Aires y hoy es fuente de agua para casi la mitad de los pampeanos”, enfatizó.
La mitad de la población de La Pampa ubicada en el noreste “está al borde de quedar sin agua potable”, advirtió Frank; y agregó que “si Mendoza hace Portezuelo del Viento, La Pampa está por transformarse en una provincia inviable”.
Portezuelo del Viento es una pared de hormigón armado de 180 metros de alto. El paredón almacenaría agua de un río de 70 metros cúbicos, pero que actualmente “debe traer 30 o 40”. “Para trasvasar agua del río Grande al río Atuel, tienen que hacer túneles en las montañas; es una cosa de locos”, detalló el ingeniero.
El objetivo es “trasvasar agua al Atuel para seguir regando en Mendoza con un sistema tradicional o por inundación totalmente ineficiente”, planteó Frank.
Lucha de las provincias
La fundación armó una coordinadora provincial para la defensa de los ríos y del ambiente. “Somos más de 50 organizaciones e interactuamos con coordinaciones de Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén, Chubut”, declaró. Para Frank “todos tenemos una problemática común que es el tema del agua”.
El presidente Alberto Fernández estuvo en La Pampa el año pasado, y Frank aseguró que confían en su palabra. “Él dijo que la represa se iba a construir solamente con el acuerdo de las cinco provincias; y hoy por hoy hay cuatro provincias que le dicen que no”, contó.
Cabe mencionar que Mendoza no realizó el estudio de impacto ambiental. Sí, según Frank, “hizo uno que es de la partecita del río Grande dentro de la provincia; cuando el estudio se tiene que hacer de toda la cuenca”. Asimismo, no hubo consulta a los pueblos originarios; y la ley establece “que tienen que hacer audiencias públicas y estudios de impacto ambiental”, aclaró. Estas son las demandas por parte de la fundación.
Frank se encuentra “muy esperanzado con la coordinadora provincial”. “Estamos empezando hacer acciones concretas y también la interacción con las otras provincias es importante, ahí estamos, esa es la lucha”, concluyó.