José Magioncalda es graduado de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde actualmente ejerce como docente. Se desempeña como capacitador en talleres sobre transparencia, acceso a la información pública y ética pública. También es integrante del Consejo Asesor de la Oficina Anticorrupción, función que efectúa ad-honorem; presidente de la Organización No Gubernamental (ONG) Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional y responsable del Equipo Legal de la Fundación Apolo. En esa institución, realizaron recientemente el lanzamiento de la versión digital de su libro Publicidad Oficial en Argentina, entre el deber de informar y la tentación proselitista. El autor dialogó con Nota al Pie sobre los contenidos de la publicación.
Sobre el origen de la obra
¿Cómo surgió la idea de escribir este libro?
Siempre me interesó el tema de la publicidad oficial ilegal. Esa publicidad que se hace desde el Estado, pero que se desnaturaliza en su finalidad, y se transforma en propaganda del líder y del partido de turno. Como defensor de la democracia republicana entiendo que la publicidad oficial no es otra cosa que el discurso institucional del Estado. Considero que la confusión entre Estado, Partido y Líder, propia de los regímenes fascistas, es un grave problema para nuestro orden constitucional. Genera la idea de que el sistema institucional no importa, que es un mero escollo que el líder debe sortear, y que al líder le debemos las obras públicas. Este libro procura hacer un aporte para que la ciudadanía comprenda el rol de la publicidad oficial y para incrementar el compromiso ciudadano.
¿A qué se debe la elección del término “tentación” en el subtítulo del libro? ¿La publicidad oficial constituye un deseo demasiado atractivo para les polítiques de nuestro país? ¿Les cuesta eludir la posibilidad de sacar provecho personal de ese recurso ajeno?
El subtítulo del libro intenta reflejar una tensión entre hacer lo correcto y dejarse tentar por el uso propagandístico de la publicidad oficial. No me gustaría hablar de “los políticos” en general, porque muchos han sabido resistir esa tentación y quizá por sus profundas convicciones democráticas, jamás padecieron tentación alguna. Puedo darte el caso de Don Arturo Illia, por ejemplo, a quien menciono en el libro. Ese hombre no sólo se negó a hacer publicidad oficial ilegal (propaganda) sino que tampoco quiso publicidad oficial legítima de su obra de gobierno.
Él había viajado a Europa antes de la II Guerra, y había visto con sus propios ojos la locura de los regímenes totalitarios y su propaganda. Prefirió cortar por lo sano y no hacer ninguna publicidad. Hoy la cuestión es distinta: la consagración internacional del derecho de acceso a la información pública obliga a los Estados a difundir su obra, y por eso hablamos del “deber de informar”, pero resistiendo la tentación proselitista.
Discriminación desde la publicidad oficial
El capítulo siete del texto se refiere a publicidad oficial ilícita como forma de discriminación. ¿Cómo se ejerce la discriminación desde la publicidad?
Desde ya que la discriminación puede estar en el contenido mismo de la publicidad oficial, cuando los gobiernos la utilizan para denostar a una determinada clase social, a un sector de la economía, a un determinado grupo de medios, etc. Pero más allá de esa cuestión, y aun cuando la publicidad sea “positiva”, es decir “a favor de”, si es utilizada para ensalzar al líder, al partido, o para bajar un discurso partidario, lo que se hace es discriminar a las fuerzas políticas no oficialistas.
Estas últimas, jamás cuentan con los recursos que detenta el Estado, y se ven entonces disminuidas y limitadas en el debate público. Eso daña la democracia y, sin lugar a dudas, consolida regímenes de partido único. Utilizar el dinero público que es para la publicidad oficial a favor del partido oficialista destruye la equidad que debe primar en la lucha legítima por el acceso a los cargos públicos. Si no impera la equidad, lo que tenemos es discriminación respecto de las fuerzas políticas que no controlan el Estado.
Publicidad informativa versus publicidad proselitista
En el libro se aborda el artículo 42 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Este establece que la publicidad de los actos de gobierno debe tener carácter informativo, sin en ella nombres o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades públicas. ¿Esta ley abarca a funcionarios nacionales o también a provinciales y municipales?
Esta ley abarca solo a funcionarios nacionales, aunque hay leyes locales en algunas provincias y en CABA que poseen normas similares.
¿Qué tanto se cumple ese artículo?
Depende de los gobiernos. En general, los gobiernos peronistas han sido los más proclives a utilizar la publicidad oficial como propaganda y a hacerlo del modo más grosero y sistemático. Tal como explicamos en el libro, esta conducta está en el ADN del peronismo y en la admiración de Perón por los regímenes totalitarios europeos. Él se inspiró, cuando visitó Europa como agregado militar. Luego, cuando se desempeñó como vicepresidente de facto, comenzó a utilizar esta metodología. Eso luego se profundizará como presidente electo.
Por supuesto que en los gobiernos de Macri en la Nación y Rodríguez Larreta en la Ciudad también hemos detectado incumplimientos y también los hemos denunciado. A favor del gobierno de Macri, y no así del de Rodríguez Larreta, puedo decir que la Oficina Anticorrupción que conducía Laura Alonso acogió favorablemente nuestras denuncias y se dio marcha atrás con los ilícitos. En Ciudad, por ejemplo, les pareció bien que el cuadro del Ministro de Seguridad, Martín Ocampo, estuviera en las comisarías, como si se tratara de Belgrano o San Martín.
¿Considera usted que debería legislarse para regular la publicidad oficial otros niveles del Estado también?
Sí, claramente. La Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es un desastre en esta materia. Tanto a nivel gobernación como a nivel municipios. En esta materia está al nivel de los denominados “feudos provinciales”.
Qué se considera publicidad ilícita
Cuando un gobernante coloca en un cartel de una obra en construcción o recientemente inaugurada la expresión “Gobierno de la Provincia, Obra X, Gestión Gobernador Fulano” la colocación del nombre del gobernador o intendente, constituye ello una publicidad ilícita?
Yo entiendo que siempre estas conductas son ilícitas porque contrarían el carácter republicano de la Constitución Nacional. Además constituyen un desvío de fondos públicos para una finalidad no autorizada. Ahora bien, si no hay una ley que expresamente lo prohíba es muy difícil revertir estas conductas. Ya con una ley que lo prohíba se complica para quien ejecuta estos ilícitos.
¿Qué sanciones hay para quien incurre en estas publicidades ilícitas? ¿Existen casos donde se han impartido condenas?
En general, sacando la condena a funcionarios como Guillermo Moreno, por utilizar publicidad oficial para instalar la frase “Clarín Miente”, no ha habido sanciones por estos desvíos. Nosotros hemos logrado a través de acciones judiciales y denuncias en la Oficina Anticorrupción, frenar algunas de estas conductas. En el gobierno de Cristina Kirchner, por ejemplo, logramos que se taparan las grafías ilícitas en carteles de obra pública instalados en el Malbrán (ANLIS), en los que se mezclaban los datos de refacciones edilicias con el nombre y un isologotipo con la imagen de la presidente. Hemos presentado varias denuncias penales porque entendemos que estas prácticas constituyen malversación de caudales públicos, pero no hubo condenas.