Les responsables de las golpizas, detenciones, seguidas de más golpizas y muerte en el caso de Bulacio, fueron la Policía Federal, más la contratada por la organización del recital y les integrantes de la comisaría 35° del barrio porteño de Núñez, a cargo del comisario Miguel Ángel Espósito.
Luego de haber sido torturado, Bulacio vomitó en la comisaría y lo llevaron, después de pasadas largas horas detenide, al Hospital Pirovano. No fueron notificados ni sus padres ni un juez de menores.
Presentaba un cuadro de traumatismo de cráneo y les mediques, a su vez, dieron cuenta de los golpes proporcionados por la policía. De todas maneras, Walter ya en estado crítico, dio aviso al personal sanitario sobre los golpes propiciados por les policías. Después de una semana en coma, murió en el Sanatorio Mitre.
La causa
María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), dialogó con Nota al Pie y contó que intervinieron en 1991, cuando Víctor, el papá de Walter, acudió a elles.
Por ese entonces eran un grupo de personas, algunes ya profesionales, avocades a las detenciones arbitrarias, el gatillo fácil y la política represiva por parte del Estado. “CORREPI saca su bandera por primera vez a la calle el 22 de mayo del ’92”, afirmó Verdú.
“La presentación formal en el expediente, en la causa interna, en el entonces juzgado de menores 9 fue el 2 de mayo del ’91, porque nos costó alrededor de una semana poder encontrarnos con Víctor”, dijo María del Carmen.
Durante 1991 y hasta 1997, al expediente interno “lo venían pedaleando y todo indicaba que no se iba a llegar nunca a una investigación seria”, dijo la titular de CORREPI. Luego de una segunda audiencia se logró que se declarara admisible la denuncia.
Recomendaciones al Estado Argentino
En diciembre del año 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que habían sido violados los derechos a la vida, la integridad física y la libertad de Walter. También el derecho al acceso a la justicia por parte de sus familiares.
A si mismo la CIDH recomendó al Estado argentino la reapertura de la causa, reposición de la querella con plena acción en la causa penal, como manifestó Verdú, y también, entre otras cosas, el “tema de derecho de fondo que es la cuestión de todo el sistema de detenciones arbitrarias”, agregó la abogada.
El gobierno, en ese entonces en plena crisis del 2001, no contestó y eso dio pie a que la CIDH envíe la causa a la corte. “Allí es donde interponemos la demanda propiamente dicha contra el Estado argentino. La nuestra en representación de la familia, y la CIDH hace su propia presentación, paralela, prácticamente, en los mismos términos”, mencionó María del Carmen.
“Se fijó fecha de juicio para el 6 de marzo de 2003”, comentó Verdú. El gobierno de Eduardo Duhalde, manifestó a la comisión un pedido de nueva instancia de diálogo para tratar de evitar el juicio en la corte. CORREPI, agregó la abogada, no fue parte de estas negociaciones.
“Pero cuando nos informaron que el gobierno estaba ofreciendo un decreto presidencial en el que reconocían la responsabilidad internacional del Estado por la detención, tortura y muerte de Walter, por la detención ilegitima, la violación a sus derechos, etc, aceptamos ese reconocimiento”, comentó Verdú, ya que: “era linealmente en los términos de la demanda”.
En ese mismo decreto igualmente, se dejó constancia que, al no haber acuerdo en lo que respecta a las detenciones arbitrarias, el punto principal del planteo de reparaciones que hacía CORREPI, “se iba igualmente a discutir en la corte”.
En las dos audiencias producidas el 6 y 7 de marzo de 2003 en Costa Rica, el punto principal de debate fue “toda la parafernalia normativa y de prácticas de las fuerzas de seguridad argentina”, manifestó Verdú.
Sin cambios profundos
El estado argentino no reconoció la sentencia dictada el 18 de septiembre de 2003. En relación a esto, Verdú sostuvo que, si se hubiese reconocido y cumplido el crimen policial como crimen de estado y la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias, “hubiesen cambiado absolutamente el escenario en materia de libertades individuales en nuestro país”.
El comisario Espósito sólo fue acusado por “privación ilegítima de la libertad”. La defensa argumentó que actuó por la aplicación del Memorándum N° 40 de la Dirección de Asuntos Judiciales de la Policía Federal aprobado en el año 1965. Este autorizaba a les policías a detener por cuenta propia a un menor de edad sin dar aviso a la Justicia. Luego del caso Bulacio, la reglamentación fue derogada.
El abogado que trabajó en el caso Bulacio junto con Verdú, Daniel Stragá, exintegrante de CORREPI, también ofreció su palabra a Nota al Pie y dio su punto de vista acerca de los gestos políticos para con la policía, los casos de gatillo fácil y el caso Bulacio en particular: “Esto es una decisión política, porque si bien las fuerzas policiales o fuerzas de seguridad actúan, tienen cierto grado de autonomía, están dirigidas políticamente”.
La democracia
“En el ’73 había 7 % de población en miseria, se fueron los milicos, no llegaba a 15 % y ahora estamos en 45 %. La culpa evidentemente la tienen las malas administraciones elegidas por el voto popular, llámese peronistas, radicales o del pro, no estoy haciendo mayor diferenciación”, manifestó.
“En el año 2015 elegíamos entre tres hijos putativos de Menem: Macri, Scioli y “massita”, y bueno ahí ya te dabas cuenta de que eran hijos del liberalismo, de las privatizaciones, de la pizza con champán y ya te dabas cuenta de lo poco sólido que es el sistema democrático en la Argentina”, afirmó Daniel.
Por otro lado, Verdú afirmó que: “la única solución de fondo a la represión estatal sería gestar una sociedad de corte distinto, basada en otros valores y estructurada de otra manera, estamos muy lejos de eso y hay que hacer algo acá y ahora por que nos están matando una persona cada 20 horas”.
Para finalizar, enfatizó que “si tenés una sociedad dividida en clases, vas a tener un sector que va a reprimir al otro porque necesita mantenerlo disciplinado y controlado”. La CORREPI dice: “Basta de detenciones arbitrarias, ¡Cumplan la sentencia del caso Bulacio ya!”. A les pibes les siguen matando.