Nota al Pie consultó a Alejandra Benaglia de la Asociación Casa del Encuentro sobre estas estadísticas alarmantes. “Los números que entregamos con cada informe no son solo cifras, sino que son mujeres y compañeras, travestis, trans que fueron asesinadas a manos de alguien que las creía de su propiedad”, indicó.
Según datos del informe, durante esos 365 días se registraron 279 femicidios de mujeres y niñas, 8 transfemicidios y 20 femicidios vinculados de varones adultos y niños. Del total de femicidios (287), las edades donde hubo mayor índice de casos fueron entre 31 y 50 años (109), y entre 19 y 30 años (89).
Es por eso que, en cada presentación emiten un comunicado para denunciar que la violencia se ha incrementado, “en un país como la Argentina que cuenta con un Ministerio de Género y con un marco normativo importante, es necesario que se agilicen las políticas públicas que se dan a conocer porque la gravedad de la situación requiere que trabajemos la prevención”, precisó Benaglia.
Otro de los datos que arrojo el informe es que el vínculo con el femicida era de pareja en 109 casos y ex pareja en 60 casos. Los lugares del hecho fueron la vivienda de la víctima en 91 casos y la vivienda compartida en 84 de los casos. El mayor número se registró en la Provincia de Buenos Aires con 103 casos.
Como información adicional se detalló que 35 de las víctimas habían realizado denuncia, 14 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención y 18 femicidas eran agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad.
“Es imprescindible que cada mujer que denuncia cuente con un botón antipánico, que cada denunciado tenga una tobillera electrónica”, planteó Benaglia y exigió que se efectivice el Programa Acompañar que otorga a las mujeres en situación de violencia un salario mínimo vital y móvil durante seis meses.
Desde este observatorio reclamaron el acompañamiento y seguimiento de las áreas de género provinciales y municipales, para que se garantice la entrega de alimentos o subsidios económicos para las mujeres y sus hijas e hijos en situación de riesgo cuando la justicia haya dictado la exclusión del hogar del agresor.
Además, pidieron la publicación de informes con la totalidad de las llamadas recibidas por la línea 144, tanto de Provincia de Buenos Aires como de CABA, y la presentación de políticas públicas frente a los datos obtenidos; y que en todas las provincias argentinas el poder judicial prorrogue automáticamente las medidas de protección para acompañar a las mujeres y personas trans en situación de violencia.
Incluso exigieron que se efectivice a nivel nacional la ley 27210 “Cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencia de género” (en vigencia desde el año 2015) para que las mujeres puedan contar con patrocinio jurídico gratuito.
“La violencia y su expresión más extrema: los femicidios, deben abordarse en forma federal transversal e interdisciplinaria y esto es lo que debe suceder para que dejemos de contabilizar mujeres asesinadas por la violencia de género”, finalizó Benaglia.