El día 31 de marzo desde las 10hs se dieron cita en el Obelisco diferentes agrupaciones sociales como Barrios de Pie, Polo Obrero, MULCS (Movimientode la Unidad Latinoamericana y el cambio social) y Consejerías de Vivienda, entre otros.
Le reclamaron al gobierno nacional la extensión del decreto que prohíbe los desalojos, ante el inminente vencimiento del decreto que prorrogaba el congelamiento de precios de alquileres y desalojos. Según manifestaron, de no llevarse adelante esta medida, miles de personas se verán afectadas.
A pesar del protocolo trazado por el gobierno para amparar a las familias tanto en situación de desalojo, como en los planes de pago y la ley de alquileres, los inquilinos declararon aumentos del 80%, 90% y hasta el 100% en algunas ocasiones.
Ante la escasez de trabajo, la baja de ingresos y el reajuste de los precios; anticiparon que se esperan muchos desalojos y una condición inestable para los inquilinos desde la fecha de vencimiento del decreto. El pedido de los damnificados es clave: buscan lograr la extensión y revertir la idea de derogar el decreto. Con este propósito, se pretende salir paulatinamente del endeudamiento acumulado tras un año de pandemia.
Con una masa aproximadamente de mil convocados, se trasladaron hasta el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y frente a una respuesta negativa del mismo, se dispusieron a cortar Diagonal Norte bajo la consigna “Prohibido desalojar”.
Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, ratificó que el decreto no será ampliado. Como consecuencia y desde abril, los inquilinos deberán afrontar aumentos al encontrarse con los contratos actualizados. Además, toda familia que haya acumulado deuda deberá pagarlas en planes de entre 3 y 12 cuotas.
El futuro es incierto, mayor aumento del valor mensual, más riesgo de desalojo sumado a la segunda ola de Covid-19, que seguramente incrementará la tasa de desempleo y pérdida de ingresos de los trabajadores.