La lucha de Chubut contra la megaminería no es un fenómeno nuevo: hace 18 años que sus habitantes rechazan esta práctica en su territorio, donde además está prohibida por ley. Sin embargo, su gobernador Mariano Arcioni, insiste en avanzar en un proyecto de zonificación, presentado por él en noviembre del año pasado, que busca habilitar esta actividad en dos distritos de la Meseta Central de la provincia. En la vereda de enfrente, la iniciativa popular que exige su prohibición, aún espera ser tratada.
Uno de los movimientos más antiguos que luchan contra la megaminería es la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, que en 2003 lograron frenar el proyecto minero de la empresa canadiense Yamana Gold, llamado Cordón Esquel. Silvina Borgia, una de sus integrantes, explicó que el hecho de que la iniciativa presentada por Arcioni no logre ser aprobada se debe, en gran parte, a que “hay un amplio rechazo a los proyectos extractivistas megamineros en la provincia”.
El proyecto de ley 128/20 “Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la provincia de Chubut”, conocido como de “zonificación minera”, pretende habilitar esta actividad en los departamentos de Gastre y Telsen. Si bien esta práctica está prohibida en todo el territorio chubutense por la Ley XVII – N°68 (ex 5001), el segundo artículo de la norma expresa que en un plazo de 120 días corridos, se determinaría “la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros, con la modalidad de producción autorizada para cada caso”. Ahora bien, dado que la Ley fue sancionada en 2003, el plazo para la zonificación venció hace mucho.
Además, Silvina Borgia afirmó que el proyecto no respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “que es la consulta previa a los pueblos originarios”. Y es que si bien menciona dicho diálogo, en la práctica se desoye a las comunidades originarias. Esto fue confirmado por la Coordinación Regional Sur del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), que a principios de febrero, por pedido de las Comunidades Mapuche Tehuelches “Los Pino”, “Mallin de los Cual” y “Chacay Oeste y Laguna Fría”, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “el incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos por parte de la Provincia del Chubut y el Estado argentino, al ingresar el tratamiento del proyecto de ley provincial de zonificación minera violando el derecho a la consulta y participación de los pueblos originarios”.
Ángel Callupil, integrante de ENDEPA, afirmó que “nunca se ha respetado” el derecho de consulta de las comunidades Mapuche – Tehuelche de la Meseta, que denuncian esto históricamente. Particularmente con respecto a este proyecto, a fines de enero de este año hubo un intento de diálogo “algo apresurado”, por lo que opinó que “no es el modo, ni absolutamente lo que reconoce el derecho indígena, sobre la consulta y participación en la gestión referida a sus recursos naturales y los demás intereses que los afecten”. Además, compartió: “No son escuchadas las comunidades por esos sectores de la ciencia complaciente ni por el gobierno. Pero sí a las comunidades les escucha la vecindad, el pueblo. Y por ellos son muy respetados y valorados como esa palabra de los que están allí en la primera trinchera”.
Por otro lado, con sólo leer el nombre del proyecto de zonificación, se observa que la minería metalífera es presentada como una actividad “sustentable”. Sin embargo, Borgia expresó que eso “es una falacia”, ya que “algo sustentable es algo que se renueva”, mientras que “la megaminería es un proyecto que explota millones de toneladas de roca, que embebe esa roca en agua cianurada o en otros productos químicos” y que luego de extraer los metales “se deja agua contaminada con miles de tóxicos que quedan en diques de cola, que son grandes piletones”, explicó la asambleísta y agregó: “nada de eso se puede volver a reparar, entonces es imposible que sea sustentable”.
Frente a este panorama, las Asambleas por el No a la Mina esperan que les legisladores no avalen dicho proyecto porque “deben representar al pueblo que los votó, y ninguno de los legisladores que hoy ocupa una banca en la legislatura provincial ha hecho campaña diciendo que iba a impulsar la megaminería, entonces traicionan al pueblo que los votó”. De hecho, el mismo Mariano Arcioni no sólo no promovía la megaminería, sino que antes de llegar a la gobernación se pronunciaba en contra de dicha actividad.
“Nuestra expectativa es que realmente se entienda que este proyecto es anticonstitucional, ilegal y clandestino, que no cuenta con aval del mundo científico, ni aval de la población, ni licencia social”, compartió Borgia, y agregó que no sólo exigen que el proyecto de zonificación sea retirado, sino también que se apruebe la iniciativa popular “que se presentó el año pasado para prohibir la megaminería en todo el territorio, que cuenta con el aval de 30.916 firmas”.
Un reclamo con respaldo científico
Si hay algo que rescatar de la discusión en torno a la megaminería en Chubut, es que, debido a la cantidad de actores sociales que involucra, una parte de la ciencia se pronunció al respecto y sumó su apoyo a las asambleas vecinales. Se trata del Centro Nacional Patagónico (CENPAT), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET), que presentó en febrero el informe “Zonificación Minera en Chubut: una mirada interdisciplinaria”, en el que se exige que el proyecto 128/20 sea retirado de su tratamiento en la Legislatura Provincial.
Rolando González – José, bioantropólogo, investigador del CONICET y director del CENPAT, afirmó que la institución no fue convocada oficialmente “a opinar sobre el borrador de la ley 128/20 antes de su entrada en la legislatura”. Al igual que Callupil, explicó que recién recibieron una invitación al diálogo a posteriori, sobre el que comentó: “prácticamente no podíamos hablar, y no existía ninguna garantía de que los diputados y diputadas reciban de primera mano esa información”. En este sentido, reiteró uno de los principales reclamos, que es que los debates sean abiertos a la comunidad.
González – José sostuvo que lo que hace no sustentable a la actividad minera es el proyecto 128/20 en particular, “por no contemplar algunos aspectos importantes relacionados con las cuencas hídricas, con su gestión, por no poner el foco en la falta de licencia social, y en la no verificación de un acompañamiento popular, comunitario”. Además, explicó que permitiría “el desarrollo de una compañía que es Pan American Silver”, proveniente de Canadá, que podría así implementar el llamado Proyecto Navidad. Es decir que no sería una actividad estatal.
Quienes se oponen no sólo hacen énfasis en el daño que provocaría en el ambiente y en la salud de las personas, sino también en desmentir los supuestos beneficios económicos, dado que uno de los argumentos a favor de esta práctica es que sería una fuente de trabajo para la población. Sin embargo, Callupil expresó que “posiblemente haya algo de empleo cuando montan todo para la explotación y de todas maneras es muy momentáneo, luego viene una mano de obra especializada y ciertamente muy reducida” y agregó que “el fantasma del desempleo siempre es usado por las empresas”.
De esta forma, quienes avalan el proyecto de zonificación presentan a la megaminería como la única alternativa productiva para la Meseta Central de Chubut. Pero este argumento es automáticamente derribado por les mismes habitantes. “Los vecinos y vecinas de Gan Gan junto con varias comunidades mapuche tehuelche comenzaron a realizar una Feria de Actividades Productivas de la Meseta, justamente para mostrar el potencial que tiene ese territorio”, manifestó Callupil y agregó que aprovechan “lo que la misma mapu (tierra) pone al servicio”.
También el director del CENPAT afirmó que hay muchas alternativas desarrolladas “por el INTA, por las universidades, por el propio CONICET, como la utilización de fibra de guanaco, agricultura sustentable utilizando cuencas subterráneas, el turismo, el desarrollo vitivinícola, cambios en la matriz productiva de la ganadería ovina, incluyendo nuevos circuitos de comercialización”. Sin embargo, criticó que no reciben el mismo respaldo político y mediático que el proyecto minero, y manifestó: “hay una decisión política de no ir a explorar, no ir a potenciar, no solicitar ayuda en Nación, o en foros internacionales para el desarrollo de ese tipo de proyectos, sino que se está apostando toda la energía política del oficialismo, hacia el proyecto 128/20”.
En la misma línea, Borgia explicó que el hecho de identificar a la Meseta como un “desierto”, busca instalar la idea de que “no tiene capacidad productiva”. Sin embargo, afirmó que “hay muchas actividades productivas que se pueden llevar adelante en la Meseta, y de hecho se están haciendo a pesar del abandono al que la han sometido este gobierno y gobiernos anteriores”. A las mencionadas por González – José, la asambleísta agregó la energía eólica, el cultivo de nueces y frutas secas, lana, y un microclima que “permite la producción de verduras y frutas que podrían abastecer inclusive a toda la provincia y se podrían llegar a llevar a otras provincias”, y aseveró: “todas estas verdaderas producciones que son sustentables, son completamente imposibles de llevar adelante con la megaminería instalada”.
En cuanto al uso del agua para la actividad minera, González – José explicó que el Río Chubut está incluido en el mapa de zonificación en el suroeste del departamento de Gastre, así como el arroyo Telsen, y la cuenca subterránea de Pampa de Sacanana. En relación a esta última, desde el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas (CADIM) y el Comité Asesor Permanente para el Ejercicio de la Geología (CAPEG) sostuvieron que se utilizaría una cantidad reducida de agua a comparación de actividades como la agricultura. Sin embargo, el director del CENPAT aclaró: “el problema aquí no es la cantidad, sino la calidad”, señaló que el proyecto no explicita las tecnologías que se van a emplear y aseveró: “cualquier caso de mala praxis, supongamos que se utiliza poca agua, lo que haría es contaminar las cuencas, haciéndolas inutilizables”.
Por su parte, mientras desde CADIM y CAPEG sostuvieron que “sobra agua y se desperdicia en Chubut”, Callupil afirmó que “es el bien común mas defendido por las comunidades de la Meseta”, donde hay poblados que no tienen acceso a él, ya que “de donde bombean es muy escasa y tienen que llevar agua de otras poblaciones cercanas”. De esta forma, la cuestión es mucho más delicada: no se discute sólo a qué tipo de actividades se destina el agua, sino por qué no llega a ciertas bocas.